Lamentan hechos en la caseta de TJ

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Arbitrarias, desafortunadas y lamentables, calificó el Partido Acción Nacional los acciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez en torno a la liberación de la caseta de Playas de Tijuana, ya que si bien la causa es justa la forma fue incorrecta.

Enrique Méndez Juárez, dirigente estatal del PAN, calificó como irresponsable que el gobernador ilusione a quienes viven en esa zona de que dejarán de pagar peaje, porque el decreto que emitió carece de total validez legal y peor aún es el hecho de que sus asesores jurídicos no se lo hayan hecho ver.

No se puede gobernar con ocurrencias y valerse de ser autoridad para violentar la ley, agregó el vocero blanquiazul, quien señaló que esta ha sido una práctica recurrente del mandatario, quien cada día está más cerrado al diálogo con todos los sectores que gobierna.

No es posible, dijo, que la Guardia Nacional y la Marina tengan que ir a recuperar una caseta y carretera que estaba siendo custodiado por la Fiscalía General del Estado.

Lamentó asimismo que Bonilla Valdez se ocupe más en este tipo de conflictos en lugar de atender los numerosos problemas que ha generado la pandemia.

Enfatizó que la demanda de que los vecinos de Playas de Tijuana dejen de pagar peaje es justa, pero no se hizo de la manera correcta y se siguió un camino equivocado.

No pueden jugar a violar la ley
La autoridad no puede exigir el cumplimiento de la ley violándola cuando le conviene, afirmó Sergio Almazán Olachea, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Ensenada, al referirse a las acciones del Gobierno del Estado en torno a la caseta de Playas de Tijuana.

Un gobernador estatal no tiene facultades para actuar en una concesión de carácter federal y no puede darse el perverso juego de violar la ley en manos de la propia autoridad y luego exigir que esta se respete porque está generando una situación de ingobernalidad, agregó.

Aseguró que si Jaime Bonilla Valdez quiere eliminar esa caseta de cobro tendría que gestionarlo ante el gobierno federal y bajo los mecanismos políticos y administrativos que están a su alcance como Gobernador de Baja California.

Tiene -dijo- que respetar las instituciones las leyes y desde luego las atribuciones y competencia de cada nivel de gobierno.

Generó un acto ingobernable y quedó en ridículo político cuando el gobierno federal, en uso de sus atribuciones, retomó la posesión y administración de la caseta, concluyó.