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Solicita IP eliminar caseta San Miguel
De tener validez la acción del Gobierno estatal sobre la garita de peaje en Playas de Rosarito, los empresarios piden que también se haga lo propio en Ensenada
Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.
De tener validez el decreto que dio al Gobierno estatal, la administración de un tramo de la autopista Escénica en Tijuana, deberá aplicarse también en Ensenada para que los cobros de la caseta de San Miguel se queden en este municipio.
Dirigentes de distintas organizaciones empresariales se manifestaron al respecto e indicaron que es un viejo anhelo de la sociedad ensenadense que lo que se recauda en dicha autopista deje un beneficio directo a los ensenadenses.
Armando León Ptanick, presidente de la Federación Coparmex, expresó sus dudas en torno al aspecto legal del mencionado decreto, pero al margen de ello la intención de que dicha autopista sea manejada por la administración estatal es bueno y lo mismo deberá hacerse en el tramo ensenadense.
Lógicamente no se propone que sea una liberación o que dicho tramo sea gratuito, pues es sabido el alto costo de mantenimiento que requiere la autopista en el territorio ensenadense, pero si sería positivo que sean los propios bajacalifornianos quienes administren y manejen los recursos que genera esa vialidad.
Dudas por legalidad
Jorge Menchaca Sinencio, Vicepresidente de la Región Noroeste de la Concanaco, expresó también sus dudas sobre el sustento legal del decreto de Bonilla Valdez, y reiteró como un reclamo de los ensenadenses que los ingresos que se generen por la autopista escénica se apliquen para la región, tanto para la entidad como para el municipio.
En el mismo sentido se pronunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Ibarra Aguiar, quien enfatizó sus dudas sobre el sustento legal de lo realizado por Bonilla Valdez en dicho decreto.
La postura de estos empresarios fue solicitada antes de conocerse la postura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como de Capufe de calificar como ilícitos el decreto y los actos realizados por el mandatario estatal para administrar el gobierno estatal dicho tramo de la autopista.
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