Pide el GIT corregir exclusión de Santa Anita y San José de la Zorra

martes, 22 de septiembre de 2020 · 00:00

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

El Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio (GIT) pidió al Congreso del Estado corregir la nueva cartografía electoral publicada por el Instituto Nacional Electoral, en la cual incluye a Santa Anita y San José de la Zorra como parte del municipio de Playas de Rosarito.
La petición fue dirigida al actual Presidente de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura, Julio César Vázquez Castillo, y en ella se destaca que la definición de los límites territoriales se encuentra “sub judice”, es decir pendiente de una resolución judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por tanto los mencionados poblados forman parte legalmente del municipio ensenadense.
En el escrito, firmado por el coordinador del GIT, Alfonso García Quiñones, se plantean dos puntos, el primero de ellos de competencia de la actual legislatura: “Que el Congreso del Estado de Baja California cumpla con la sentencia que dictó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de junio de 2019 en la Controversia Constitucional 158-2016 interpuesta por el XXI Ayuntamiento de Ensenada que dejó sin efecto el Decreto 684 de la XXI Legislatura y ordenó al Congreso del Estado de Baja California emitir un nuevo fallo -ahora si apegado a Derecho- para dejar resuelta la Controversia Constitucional interpuesta por el XX Ayuntamiento de Ensenada el 20 de octubre de 2011”.

No retrasar sentencia
Se pide asimismo a los integrantes de la Cámara de Diputados de Baja California que no “continúen demorando el cumplimiento de mencionada sentencia.
Concluye el documento: “No omitimos mencionar que esta solicitud debió ser hecha por las autoridades del Municipio de Ensenada y, asimismo, que nuestro derecho para formularla se funda en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José- que establece que todos los ciudadanos tiene derecho a participar personalmente en la dirección de los asuntos públicos”.

 


 

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