Impediría una sentencia candidatura a Burgueño

Redacción/EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

Una sentencia por pensión alimenticia de dos hijos dejaría al dirigente de Morena Ismael Burgueño sin la posibilidad de convertirse en candidato a algún puesto de elección popular, trascendió ayer en una publicación del portal Punto Norte que dirige Isaí Lara Bermúdez.
Apunta la publicación que “debido a que en las recientes reformas constitucionales se establece que no podrá ser gobernador, ni diputado, ni alcalde aquel que haya sido sentenciado por ejercer violencia contra las mujeres, tampoco de un deudor alimentario moroso”.
Burgueño arrastra el problema de la pensión alimenticia para sus hijos desde el año 2014, cuando su ex esposa lo demandó ante un juzgado de lo familiar. El político fue oído y vencido en juicio, dice la nota.
Detalla que la sentencia se dio en 2017 y Burgueño lo apeló en la segunda instancia, pero fue confirmada en 2018 por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. La sentencia de la pensión alimenticia quedó firme.
La publicación adelanta que varias abogadas y activistas militantes de Morena, quienes conocen el juicio por el que fue sentenciado el presidente en funciones, (…) “después de un análisis, harán valer la reciente reforma de la Constitución Política que impide ocupar cargos de elección popular a personas sentenciadas por violencia política contra la mujer”.
De acuerdo con Punto Norte, Ismael Burgueño llegó a Morena en 2015, en 2018, aspiró a ser candidato a diputado federal, pero no pudo y en 2019 otro intento fallido: se registró como aspirante nuevamente a la candidatura a la alcaldía de Tijuana y quedó en el camino.
Ese mismo año se le designó titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Baja California, cargo al que renunció en menos de dos meses tras detectarse irregularidades como una red interna dedicada a las ventas de pasaportes apócrifos, afirma el portal.
Desde entonces, señala, Burgueño emprendió una campaña política de oposición dentro de Morena que enfrenta junto con otros personajes disidentes al gobernador Jaime Bonilla y su grupo.
Desde el 11 de agosto, Burgueño fue designado en la Ciudad de México como presidente en funciones del partido, al ser el delegado del Comité Nacional de Morena en el Estado, cargo impulsado por el presidente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar.

La demanda
Punto Norte refiere que, en octubre de 2015, el Juzgado Familiar de la Primera Instancia en Tijuana admitió la demanda en contra de Burgueño por parte de su ex esposa.
En el juicio con el número de expediente 2400/2015, la demandante declaró que su ex esposo, entonces profesor de primaria, “dejó sin motivo aparente, de cumplir con todas las obligaciones inherentes al matrimonio, es decir, no aportaba ni un peso a la casa” por lo que demandó una pensión alimenticia, precisa.
Sin embargo, en 2017 y tras agotarse los plazos en el juicio, la juez Ana Carolina Valencia Márquez resolvió que la mujer “probó los hechos constitutivos de su acción y el demandado Ismael Burgueño no probó sus excepciones”. Por lo tanto, sentenció a Burgueño a pagar una pensión alimenticia del 35 por ciento de su sueldo y una suma de 20 mil 225 pesos por concepto de “pensiones alimenticias adeudadas”.
Burgueño apeló la sentencia, pero el tribunal la confirmó en 2018. 
Señala Punto Norte que solicitó la versión de los hechos al presidente en funciones de Morena, si consideraba que los antecedentes familiares pudieran afectarle para alguna aspiración, de la cual dijo “nosotros estamos ahorita trabajando en el tema de la delegación, nuestro proyecto a corto plazo es seguir fortaleciendo el tema del partido”.
Y remató: “El hecho de que haya un juicio, una sentencia, no dice que yo no cumplí con mis obligaciones, yo con mis hijos he cumplido siempre y eso no impacta ni perjudica algún tema en el cual yo me estoy desempeñando porque tengo mi conciencia tranquila y las cosas siempre se han hecho siempre bien. 
La vida privada de Burgueño o cualquier otra persona debe de respetarse sin excepción, sin embargo, las reformas hechas recientemente a la Constitución federal y local exigen poner a la vista la conducta privada de los aspirantes a candidatos como figuras públicas, aclara Punto Norte.