Prisión preventiva, sin derecho a reclusión cerca de familia

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Las personas sujetas a prisión preventiva y procesadas por delitos de delincuencia organizada no tienen derecho a ser recluidas en un centro de internamiento especial, cercano a su domicilio o comunidad, durante el desahogo de su juicio.

Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre un amparo indirecto promovido por una persona a quien se le impuso prisión preventiva por el delito mencionado, en contra de la negativa a su solicitud para ser trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social más cercano a su domicilio.

En su sentencia, la Primera Sala consideró que las personas sujetas a prisión preventiva están sujetas a una regulación especial, atendiendo a la naturaleza propia de esa medida cautelar, cuyos fines son preservar el proceso a través del aseguramiento de la presencia del inculpado, la ejecución de la pena y la integridad de la víctima u ofendido, así como la tranquilidad social.

Al respecto, la Sala precisó que la determinación del centro de reclusión en el que la persona imputada o procesada deba permanecer en prisión preventiva se fija en función de la cercanía del lugar en el que se desarrolla su procedimiento.

Quiénes sí aplican
En este sentido, la Primera Sala sostuvo que el derecho de las personas a estar internas en un centro de reclusión más cercano a su comunidad o domicilio, previsto en el artículo 18, párrafo octavo, de la Constitución Federal, corresponde solo a aquellas que han sido sentenciadas y que no hayan sido condenadas por la comisión de delitos de delincuencia organizada o que requieran medidas especiales de seguridad, en cuyo supuesto se encuentran excluidas de tal prerrogativa.

Además, la Sala apuntó que este derecho no es autónomo, sino que deriva del derecho a la reinserción social que únicamente se reconoce a las personas sentenciadas y no así a quienes se encuentran sujetos a un proceso penal pendiente de resolución y concluyó que una persona solo puede gozar del derecho a compurgar la pena impuesta en un centro de reclusión cercano a su domicilio si ha sido sentenciada por delitos distintos a los de delincuencia organizada.