En riesgo nuevo Sistema de Justicia Laboral ante nulos avances

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

El inicio del Nuevo Sistema de Justicia Laboral tuvo que prorrogarse ante los mínimos avances que se tenían en la infraestructura física y de personal en Baja California para aplicarlo, indicó el secretario del Trabajo y Previsión Social en la entidad.

Alejandro Arregui Ibarra, titular de dicha secretaría, aseguró que contrario a lo que se había declarado en la anterior administración estatal el avance en términos reales era nulo.

De los cuatro centros de Conciliación Laboral, solamente en dos -dijo- se habían iniciado remodelaciones mínimas y en cuanto a mobiliario y equipo no hay registro de que se hubiera entregado o se vaya a hacer en próximos días.

Agregó que con respecto al personal no ha sido contratado ni un solo conciliador de los 50 que se tienen previstos para la operación y únicamente se realizó una capacitación a un grupo de aspirantes, la cual fue impartida por la UABC.

Con relación al presupuesto ejercido para la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, indicó que el gobierno federal otorgó a Baja California 24.6 millones de pesos, sin que se conozca a detalle hasta el momento cuánto y cómo se ejerció ese recurso y si se hizo en forma debida.

Sin transferir presupuesto
Señaló que por parte de la anterior administración estatal se asignó un presupuesto de 30 millones de pesos, de los cuales hasta el momento se han transferido 3 millones 98 mil pesos, es decir solamente el diez por ciento.

Arregui Ibarra señaló que al revisar esta situación y no contar con las mínimas condiciones de personal, infraestructura y equipo, así como la postura del Poder Judicial de que tampoco contaba con las condiciones para la operación de los juzgados laborales, fue que se determinó recorrer por 90 días el inicio de ese sistema que ya se está aplicando en otras entidades del país.

De no haberse tomado la decisión de la prórroga, se hubiera puesto en riesgo el acceso a la justicia laboral por parte de los ciudadanos, sin haberse cumplido con el proceso previo de la mediación obligatoria que corresponde a la Secretaría del Trabajo, concluyó Arregui Ibarra.