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Oficializa el Estado suspensión del DAP

A través de la publicación de la sentencia de la SCJN en el Periódico Oficial, se cancela el cobro del Derecho al Alumbrado Público en Ensenada y Mexicali
miércoles, 22 de diciembre de 2021 · 01:21

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.


Fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspende el cobro del Derecho del Alumbrado Público (DAP) en los municipios de Ensenada y Mexicali.
Dicha sentencia había sido emitida desde agosto del presente año y en ella se establecía que en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encontró que dicho cobro violaba los principios de proporcionalidad tributaria.
Aunque la resolución de la Suprema Corte fue del conocimiento público desde agosto, el XXIV Ayuntamiento de Ensenada argumentó -para seguir realizando el cobro del DAP- que formalmente no había sido notificado de esa sentencia.
Sin embargo, de acuerdo a especialistas en Derecho al hacerse pública oficialmente en la entidad esa sentencia, en teoría el Gobierno Municipal deberá de dejar de cobrar ese derecho, lo cual se hace a través de los recibos bimestrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los argumentos
Los argumentos de la Suprema Corte señalaban que el criterio establecido por los ayuntamientos de Mexicali y Ensenada para fijar el cobro del DAP -por predios según su uso domésticos, comerciales o industriales-, no era proporcionalmente justo ya que los propietarios pagan un mismo servicio.
Asimismo se estableció en la sentencia del máximo tribunal del país una advertencia a los diputados locales de Baja California de que no deberán autorizar una vez más leyes de ingresos municipales con el mismo vicio jurídico.
En la propuesta de Ley de Ingresos 2022 del XXIV Ayuntamiento de Ensenada plantea que en el cobro del Derecho de Alumbrado Público esté homologado para todos los propietarios de predios, sin importar el uso que se le dé al inmueble.
Sin embargo, hasta el momento el Congreso del Estado todavía no se ha pronunciado si ese planteamiento se ajusta o no a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia.

 
 

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