La consulta cuestionada

Agencia Reforma
Ciudad de México

La consulta popular del próximo 1 de agosto convocada a menos de dos meses de las elecciones que renovaron más de 20 mil cargos en el país -incluidos gobernadores, diputados federales, congresos locales y ayuntamientos- será la primera que se haga con base en la Constitución y organizada por el Instituto Nacional Electoral.

El INE ha sido el organismo encargado de la organización, promoción, cómputo y validación de los resultados electorales.

Es un ejercicio en medio de la pandemia, que requerirá protocolos sanitarios similares a los de la jornada del 6 de junio, y para el que están convocados los más de 93 millones de electores de la lista nominal.

Por primera vez, los resultados de la consulta constitucional pueden ser vinculantes si participan al menos 37 millones de ciudadanos, esto es, el 40 por ciento de los inscritos.

El 1 de agosto será el estreno de la consulta popular constitucional, organizada por el INE, figura que ha sufrido ajustes y cambios legales en los últimos años, particularmente desde 2014.

La autoridad electoral nacional instalará alrededor de 57 mil mesas receptoras de la consulta popular a lo largo de todo el territorio nacional y teniendo como referente las demarcaciones de los 300 distritos electorales federales. En las mesas no habrá representantes de los partidos políticos.

Se harán los cómputos distritales de inmediato, por parte del INE, en cuanto termine la jornada electoral.

El INE tiene prevista una inversión de cerca de 528 millones de pesos, que ha tomado de sus ahorros o modificaciones de sus proyectos para 2021, luego de que ni la Cámara de Diputados ni la Secretaría de Hacienda ni la Corte avalaran su demanda de presupuesto para la consulta.

Representantes de partidos opinan
Analistas y representantes de partidos políticos entrevistados sobre los pros y contras de este ejercicio coinciden en la relevancia de un instrumento como lo es el de la consulta popular, de democracia directa, participativa, que posibilita conocer la opinión de los ciudadanos sobre decisiones y acciones de Gobierno relevantes. En eso no hay duda de ninguno de los consultados.

Pero mientras Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso la consulta, considera que lo relevante es que “el pueblo se involucre” en la decisión sobre temas relevantes, el PAN señala que este ejercicio implica “votar por un circo”, pues la aplicación de la ley no se consulta.

“Su relevancia está en socializar decisiones trascendentes, fundamentales, y que el Gobierno ejerza el poder tomando en cuenta lo que piensa la gente. Se trata de darle dimensión social a decisiones de naturaleza política”, expone el diputado federal Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE.

Para el morenista, el ejercicio del 1 de agosto, en específico, atiende a la memoria histórica, “hace posible que los ciudadanos manifiesten su apreciación sobre un hecho que nos ha afectado durante décadas y décadas, porque, más allá de lo que se ha dicho de que no es necesario consultar para ejercer la ley, para castigar o armar una carpeta de investigación, la consulta tiene que ver con un tema social en donde la gente, el pueblo de México se involucre, participe manifestando su opinión respecto de estos personajes del pasado”.

El PAN no coincide en estos planteamientos e incluso considera que aunque la consulta popular es un instrumento valioso para la democracia participativa, en el caso de la organizada para el 1 de agosto, no es así.

“Yo no le veo absolutamente nada positivo a esta consulta. La ley que se promulgó en 2014 es para que la ciudadanía se manifieste sobre algún tema más relacionados con la justicia social que en la justicia legal”, comenta Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE.

“Participar en este ejercicio puede llevar a legitimar la persecución política a través de la judicialización de la política y rumbo al 2024”, añade el panista.

Sondón considera que si hay un interés por llevar a juicio al pasado, también debería incluir en él a funcionarios del actual gobierno, empezando por Manuel Bartlett, responsable de un presunto fraude a un partido de izquierda en 1988.

Expertos la descalifican
Analistas políticos y especialistas electorales, por su parte, consideran que un buen instrumento como lo es la consulta popular puede quedar desvirtuado por la pregunta que construyó la Corte a la que describen con diferentes adjetivos: rebuscada, confusa, tonta, insulsa, leguleya... un galimatías.

Coinciden en que está en duda cuál es la consecuencia jurídica del ejercicio en caso de que salga vinculante.

“Por no enfrentarse al presidente de la República y declarar inconstitucional la interrogante sobre los ex presidentes, la Corte se convirtió en un nuevo actor, innovó lo que planteaba la ley y mantuvo la consulta con una pregunta que lleva a una decisión totalmente insulsa”, considera el ex consejero electoral y profesor del Tecnológico de Monterrey, Arturo Sánchez.

“Fue tan ridícula la propuesta que la Suprema Corte acaba por prácticamente nulificar la consulta al cambiar la pregunta y dejarla en un galimatías en donde no tiene absolutamente ninguna claridad para el elector y para las consecuencias posteriores”, añade Sánchez.

El politólogo y escritor Jorge Javier Romero coincide en la crítica a la pregunta, la cual considera que no va a llevar a ningún lado y que solo sirve para cumplir un capricho presidencial y no para legitimar un instrumento de democracia participativa.

“Yo creo que en este caso no sirve para eso, porque la pregunta no tiene sentido, se está usando el instrumento, y en lugar de legitimarlo lo deslegitima. La pregunta es una ‘engañifa’”, sostiene Romero.

“Con la pregunta, la Corte hizo un ejercicio de complicación leguleya”, opina el especialista y escritor Eduardo Huchim.

El también ex consejero electoral advierte una contradicción importante en el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la consulta.

“Veo una contradicción entre la Cuarta Transformación que convoca o promueve esa consulta e involucra a la autoridad electoral después de que este asunto pasó por la Corte e implica también al Poder Judicial, y luego el líder de la 4T, el presidente de la República y jefe del Estado Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, diga que no va a votar. Ahí hay una contradicción clarísima. Ojalá rectifique y no desaliente el ejercicio”, expresa Huchim.

 

La pregunta
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

“El INE tiene prevista una inversión de cerca de 528 millones de pesos, que ha tomado de sus ahorros o modificaciones de sus proyectos para 2021”
 

Puntos a favor
- Atiende a la memoria histórica de los ciudadanos.

- Permite que la gente se involucre, participe y manifieste su opinión.

- Es un ejercicio inédito de democracia participativa

- Esperamos que sea el primero de muchos ejercicios similares.

- Se instaura una forma ya regulada sobre cómo consultar a la ciudadanía.

- Se establecieron fechas y puntos para hacerlo.

- Se responsabiliza al INE de organizarla.
- Se establecen términos para que los resultados sean vinculantes.

 

Puntos en contra
- No se empató la consulta con la fecha de la jornada de la elección federal.

- El INE no permitió que haya representantes de partidos en las mesas de votación.

- Falta de difusión eficiente de la consulta.
- Se considera inconstitucional porque se consulta la aplicación de la ley.

- Se trata de legitimar la persecución política.
- Hay falta de claridad en la pregunta y las consecuencias.

- Si fracasa va a servir para deslegitimar al INE.
- Se realiza con falta de recursos otorgados al INE a pesar de haberlos solicitado.