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Piden diálogo en proyecto de ley

Grupos de la sociedad civil buscadores de personas desaparecidas exigieron consulta y diálogo, en parlamento abierto, sobre el proyecto de ley en materia de desaparición forzada
sábado, 12 de noviembre de 2022 · 00:00

Benjamín Pacheco/EL VIGÍA
bpacheco@elvigia.net | Ensenada, B.C.

Grupos buscadores de personas desaparecidas exigieron una consulta y diálogo bajo el modelo de parlamento abierto, para el proyecto de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Baja California.
Lo anterior, luego de que la diputada María del Rocío Adame Muñoz presentó el pasado 8 de septiembre, ante el Congreso de Baja California, la iniciativa citada, a la que las familias y activistas encontraron más de 30 observaciones sobre el proceso de armonización de la ley y este proyecto. 
“No se discuta, ni se vote en comisiones, ni se lleven procesos a puerta cerrada, hasta que no se realice una consulta y diálogo bajo el modelo de parlamento abierto, con las familias de desaparecidos, colectivos y especialistas en la materia”, puntualizaron. 
El documento compartido a la prensa consta de cinco cuartillas, y es firmado por Una Nación BuscandoT (Tijuana); Siguiendo Tus Pasos (Ensenada); Armadillos Rastreadores (Ensenada); Madres Unidas y Fuertes (Mexicali); y Colectivo Todos Somos Erick Carrillo (Tijuana).
En su mensaje, remarcaron que deben considerarse los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y protocolos especializados sobre la materia, además de contar con claridad sobre la creación, operación y actualización de los registros necesarios para atender la crisis forense y de personas desaparecidas en la entidad. 
La iniciativa debe contar con el presupuesto necesario que garantice su aplicabilidad, aclararon en su postura, además de una coordinación permanente entre los órganos que integran el Sistema Estatal de Búsqueda. 
Las activistas también se mostraron preocupadas de que el tema sea politizado, además de la falta de técnica legislativa, misma que se ve reflejada en el contenido de la ley que no alcanza los estándares mínimos. 

Señalan inconsistencias en proyecto 
Las activistas y familiares subrayaron que deben contemplarse mecanismos para el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición del delito de desaparición de personas. 
“Queremos destacar que Baja California presenta un rezago de más de cuatro años, en la armonización de la ley en materia de desaparición de personas”, puntualizaron, además de mencionar que las entidades federativas contaban con 180 días para aprobar una ley local.
Lo anterior, de acuerdo al artículo noveno transitorio de la Ley General en materia de desaparición, una vez que esta entró en vigor. 
“Este plazo venció el 15 de julio de 2018. Es por ello que, hasta ahora, la ley que rige en nuestro estado es la Ley General, la cual está a punto de cumplir 5 años el próximo 17 de noviembre, pero que ignora el contexto local y que tiene deficiencias que requieren ser subsanadas, tal y como lo han hecho otros estados”, analizaron. 
Acusaron que la omisión legislativa del Congreso, que debió emitir la Ley Estatal en materia de desaparición forzada, hace ya 4 años, 3 meses, 27 días, representa violaciones a los procesos de búsqueda de personas.
“En detrimento de las posibilidades de localización e identificación de las más de 14 mil personas desaparecidas en el estado, obstaculizando el acceso a la justicia y la verdad”, conforme al texto.
Conforme al análisis hecho a la iniciativa de Adame Muñoz, remarcaron que esta ni las anteriores han cumplido con el principio de participación ciudadana, en específico en el diseño y discusión de la ley. 
Entre las observaciones encontradas destacan: No incluye la totalidad de derechos de las víctimas, contemplados en la Ley General y en otros instrumentos sobre la materia; y usa la noción de “no localizado”, pues en la entidad las personas “no desaparecen”, sino que “las desaparecen”.
También la falta de inclusión de los municipios como parte del sistema de búsqueda; no considera protocolos ni la última reforma a la Ley General; ni al Semefo o al Poder Judicial del Estado; ni mecanismos que garanticen acceso a la verdad; e inconsistencia en la terminología utilizada. 

Más omisiones
Otras omisiones de importancia indicados por las activistas son la búsqueda de personas con enfoque diferencial y de género; proceso adecuado para identificar los cuerpos; y falta de conceptos como la presunción de vida, independencia e imparcialidad, enfoque diferencia y especializado, y acceso a la información. 
Y sobre la sobre la participación de las familias y colectivos, subrayaron que la ley debe contemplar en forma explícita que familiares, acompañantes o representantes, siempre tengan acceso a los expedientes de búsqueda e información, de manera plena y apegada al derecho a la verdad en todo momento, relativa de estrategias para la búsqueda y localización de la persona. 

 

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