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PIDEN EXPROPIAR 61 PREDIOS EN EL SAUZAL

miércoles, 4 de febrero de 2026 · 00:03

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

El abogado Alfonso García Quiñones solicitó al Gobierno del Estado la expropiación de 61 lotes ubicados sobre la avenida Puerto Mazatlán, en la colonia Ampliación Lomas de la delegación municipal de El Sauzal, como alternativa jurídica para regularizar su situación legal.
El litigante explicó que los terrenos fueron adquiridos entre los años 2004 y 2011 a organismos públicos descentralizados, como Corette, Inmobiliaria del Estado e Indivi, dependencias que con el tiempo cambiaron de nombre, pero que nunca pudieron entregar los títulos de propiedad, aun cuando los compradores liquidaron en su totalidad los pagos correspondientes.
García Quiñones señaló que, de acuerdo con lo informado por diversos funcionarios estatales, la titulación resulta imposible, ya que las dependencias que vendieron los predios no eran propietarias legales de los mismos, e incluso se ha argumentado que "los terrenos no tienen dueño".
Aunque se analizaron otras vías jurídicas para la regularización, el abogado indicó que estas implicarían un pago millonario a la Secretaría de Hacienda, lo que hace inviable esa opción para los posesionarios.
Ante este escenario, expuso que la vía legal más viable es la emisión de un decreto expropiatorio, conforme a la Ley de Expropiación del Estado de Baja California, la cual establece en su artículo XII la posibilidad de expropiar terrenos para la regularización de la tenencia de la tierra destinada a vivienda popular, ocupada por grupos de escasos recursos.

RECONOCER DERECHOS
Asimismo, citó el artículo XIII de dicha ley, que contempla la expropiación de terrenos sin propietario legítimo, y reconoce el derecho de los poseedores, en calidad de dueños, a recibir la indemnización correspondiente.
La petición fue presentada mediante un escrito dirigido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el que se expone la problemática y se solicita la intervención del Ejecutivo estatal para dar certeza jurídica a los afectados.


 

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