Nacional

Va empresa contra lista negra del SAT

sábado, 3 de febrero de 2018 · 00:00

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Una empresa que en el 2014 fue incluida en la lista de empresas fantasma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional este listado.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que dirige Claudio X González, indicó que la compañía Grupo Impulsor del Sur S.A. de C.V., busca que los ministros declaren inconstitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Dicho artículo establece que el SAT dará a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nombres de aquellas empresas que hayan expedido facturas sin contar con los recursos materiales y humanos necesarios para proveer los bienes o servicios que presuntamente prestaron.

Además, las compañías que aparentemente hicieron transacciones con las enlistadas están obligadas a demostrar que sus operaciones fueron reales.

“La lógica detrás de la actuación del SAT es que si una empresa no tiene la infraestructura para prestar el servicio que está facturando entonces se considera que es una operación simulada (es decir una empresa fantasma) y es un falso contribuyente que opera en la ilegalidad”, explicó MCCI.

Grupo Impulsor del Sur, señaló la ONG, fue enlistada en 2014 y a partir de ello inició una batalla legal en la cual el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito resolvió otorgarle el amparo por cuestiones de legalidad y negar la inconstitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

“En contra de la negativa de declarar inconstitucional dicho artículo, la empresa promovió recurso de revisión en amparo directo, llegando así a la SCJN”, detalló.

El próximo 7 de febrero, indicó MCCI, la Primera Sala de la Corte discutirá el caso, por lo que hizo un llamado a los ministros a declarar constitucional dicho artículo, tal como lo propone el proyecto elaborado por el Ministro Jorge Pardo Rebolledo.

“Una sentencia que declarase la inconstitucionalidad del artículo 69-B del CFF, implicaría un serio retroceso en la desarticulación de los grupos delictivos que operan las empresas fantasma y el debilitamiento de las instituciones públicas delictivas que operan las empresas fantasma y el debilitamiento de las instituciones públicas”, consideró.

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