Censura CNDH fuerza excesiva

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Frente al presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, calificó como un error considerar el uso indiscriminado de la fuerza y la aplicación arbitraria de la ley como respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad.

Al presentar en Los Pinos su informe anual de labores al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el abogado criticó que las estrategias de seguridad en México mantienen un carácter reactivo, dejando de lado la prevención.

“El uso de la fuerza es una atribución y recurso legítimo del Estado, pero por sí mismo no es un medio que pueda revertir el estado de cosas que enfrentamos”, dijo el ombudsman.

“En días pasados, usted señaló que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara a su utilización. Es cierto, tanto como que los hechos han demostrado también que sería un error suponer que sólo el uso de la fuerza, por legítimo que éste sea, deba ser la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad que se enfrenta”, externó al presidente Peña.

EJERCICIO DE ANÁLISIS
González Pérez recriminó que se haya promulgado la Ley de Seguridad Interior sin atender el llamado que se hizo para abordar la problemática de la seguridad y la justicia mediante un ejercicio de análisis y discusión abierto, plural, incluyente e informado.

“Si la violencia se combate sólo con violencia, se está apostando al uso de la fuerza sobre la atención de las causas que la propician y generan”.

En su discurso, que presentó como un balance del sexenio, González Pérez mencionó algunos pendientes que arrastra el Gobierno federal.

En el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo que de 57 propuestas hechas por la CNDH, sólo 6 se habían atendido por completo, 36 estaban en vías de atención y 12 no mostraban ningún avance.

“Un dato que resulta relevante señalar que durante la Administración a su cargo, México no ha ratificado ningún instrumento internacional vinculado el campo de los derechos humanos”, indicó.

“Ojalá en estos meses que restan a su mandato, el Estado mexicano pudiera actuar en este ámbito y reconocer, entre otras cosas, la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada y de la Organización de las Naciones Unidas”.