Pierde reclamo vs Oceanografía

Agencia Reforma
Ciudad de México

Un juez federal rechazó la petición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que se reconozca que la naviera Oceanografía le debe poco más de 2 mil millones de pesos.

El adeudo correspondería a “erogaciones” que el SAE realizó durante los más de tres años que administró a Oceanografía mientras la empresa estaba asegurada por la Procuraduría General de la República (PGR) y pasaba por un concurso mercantil.

Los 2 mil 4 millones de pesos que reclama el SAE, organismo descentralizado de la Secretaria de Hacienda, superan los mil 583 millones que tiene asignados como presupuesto para 2018.

La deuda con el SAE fue fijada por José Daniel Rocha, síndico de la quiebra de Oceanografía, en informes rendidos en abril, junio y julio de 2017, y quedó reflejada en la contabilidad de la empresa.

El pasado 15 de marzo, sin embargo, el juez Felipe Consuelo Soto rechazó que, a estas alturas y cuando ya se dio por terminado el concurso, el SAE puede venir a reclamar deudas cuya contratación no fue autorizada judicialmente.

Sin acceso
El SAE asumió la administración de la naviera en su carácter de bien asegurado con relación a un presunto fraude contra Citibanamex en marzo de 2014, y la mantuvo hasta julio de 2017, cuando la PGR levantó el aseguramiento.

Además de designar a ejecutivos a cargo de la administración, el SAE también nombró al conciliador del concurso mercantil, y posteriormente al síndico de la quiebra, pues dichas funciones le corresponden por ley tratándose de negociaciones aseguradas.

Según el SAE, la Ley de Concursos Mercantiles permite que durante este procedimiento, se generen nuevos créditos con la mera autorización del conciliador o síndico, necesarios para mantener la operación cotidiana de la empresa, que tendrían derecho de cobro preferente sobre cualquier otro pasivo reconocido en el concurso.

El SAE ni siquiera pudo tener acceso a la propuesta de convenio con acreedores presentada por Amado Yáñez, dueño de la empresa, y aprobada en enero pasado por Consuelo, precisamente porque no se le reconoció la deuda que reclama y no es acreedor.