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Endurecen sanciones por uso de facturas falsas Gerardo Sánchez/EL VIGÍA gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

miércoles, 10 de abril de 2019 · 00:00

La Cámara Federal de Diputados aprobó un dictamen para imponer sanción de tres a seis años de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

El documento avalado con 417 votos, y remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, también establece sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Al fundamentar, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca, expresó que la evasión de impuestos reduce el potencial de recaudación de cualquier administración.

Indicó que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener beneficio ilegal.

Con esta reforma -dijo- se pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas que simulan operaciones inexistentes, así como fortalecer mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen facturas de operaciones inexistentes.

COMPETENCIA DESLEAL
Terrazas Baca expresó que la gravedad de la evasión fiscal perpetrada a través de la compra-venta de facturas, genera competencia desleal, la cual a largo plazo provoca que la carga tributaria recaiga solo en los contribuyentes cumplidos.

José Rigoberto Mares Aguilar, diputado federal, expresó que según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evasión y la elusión fiscal ascienden a un billón de pesos anuales, lo que representa entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Además, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente afirma que la estimación podría alcanzar los dos billones de pesos anuales, es decir el 8 por ciento del PIB.
 

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