Niegan desechar demandas contra ley de salarios

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia rechazó la propuesta de su presidente para desechar acciones que impugnan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, primera aprobada por la nueva mayoría de Morena en el Congreso.

Por 7 votos contra 4, el Pleno de la Corte determinó hoy que sí estudiará algunos argumentos de la CNDH y senadores de Oposición contra esta ley, que reproduce el mandato Constitucional de que nadie puede ganar más que el presidente de la República.

El problema ahora es que si los cuatro ministros de la minoría se mantienen firmes durante todo el debate, y rechazan discutir el fondo, no se alcanzarán los ocho votos necesarios para invalidar toda la ley o algunas porciones.

Esto podría llevar a que la mayoría de ministros repruebe públicamente la ley, pero el resultado sea una sentencia desestimando las acciones, sin pronunciamiento jurídico de la Corte.

Luego de la votación de hoy, tan confusa que se requirió un receso de 50 minutos para aclararla, la Corte solo estudiará si el decreto respectivo es inválido en su totalidad por violaciones al procedimiento legislativo, o si es inválido porque el Congreso omitió incluir parámetros para fijar el salario del presidente de la República.

El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán propone invalidar por ambos argumentos.

ESTUDIARÁN CONSTITUCIONALIDAD 

De los 17 artículos de la ley, solo se estudiaría la Constitucionalidad de cuatro, además de dos del Código Penal Federal y los transitorios, pues la mayoría consideró que una reforma del 12 de abril impide revisar el resto.

La reforma de abril fue la que, precisamente, llevó a Zaldívar a proponer el desechamiento total de las acciones, pues a su juicio, de nada sirve que la Corte dicte sentencia sobre un sistema que fue modificado sustancialmente.

La moción de Zaldívar solo fue apoyada por los ministros Norma Piña, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara, los dos últimos, nominados a la Corte por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

González Alcántara prácticamente invitó a la CNDH y las minorías del Congreso a presentar nuevas acciones contra versión vigente de la ley, lo que ya sucedió, pues Zaldívar anunció que acaban de llegar dos demandas que fueron turnadas a la Ministra Esquivel.

Zaldívar enfatizó que lo que la Corte resuelva en este asunto no impactará su fallo en las nuevas acciones, y dijo que las votaciones divididas “acreditan sin lugar a dudas la independencia y libertad con que nos conducimos todos los integrantes” del Pleno.

VICIOS Y OMISIONES
El rechazo a la propuesta de Zaldívar se basó en que hay alegatos de vicio de procedimiento y omisión legislativa, que no fueron afectados por la reforma de abril. Javier Láynez dijo que, ante reclamos por omisión, la Corte no puede abordar el tema desde el punto de vista de si cesaron los efectos de la ley por una reforma.

“Los promoventes formulan una gran interrogante: ¿la Constitución permite que la facultad de aprobar la remuneración del Presidente, y con ello el tope a todos los demás funcionarios, sea discrecional?”, cuestionó Alfredo Gutiérrez. “¿O la Constitución exige que sea una facultad reglada?”.

Pérez Dayán consideró “atípico” que el Congreso hubiera tenido que reformar 90 por ciento de una norma recién aprobada, a la que calificó de “mal producto legislativo”.

La Ley de Remuneraciones no contempla montos específicos, y no fue aplicada por la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, pues Pérez Dayán lo prohibió en una suspensión concedida en diciembre.

Por tanto, los fallos que la Corte llegue a dictar sobre esta ley, no le impedirán revisar la reducción salarial ordenada por López Obrador, ejecutada tal cual por la Cámara en el PEF.

La Corte aún tiene pendientes siete controversias promovidas por órganos autónomos para impugnar el tope salarial de 1.6 millones de pesos netos anuales previstos en el PEF.