Acorrala López a Gobernadores

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso contra la pared a los Gobernadores para la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye al Seguro Popular.

El mandatario advirtió ayer que los Gobernadores que no se sumen al nuevo esquema tendrán acceso sólo a los recursos que les corresponden por ley, pero no a las partidas adicionales que usará la Federación para garantizar la atención y los medicamentos gratuitos.

- “¿Los que no se adhieran, sólo les van a dar lo que les corresponde?”, se le preguntó al mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

“Lo que por ley les corresponde”, aseguró.

- “¿Y de los 40 mil millones de pesos (adicionales del Insabi)?”, se le insistió.

“Lo tendríamos que ver, porque si hay un recurso adicional que tiene un propósito, tendríamos que constatar que ese recurso adicional se va a aplicar para el propósito de que haya atención y medicamentos para todos y de manera especial para la gente humilde, para la gente pobre”.

- “¿Si no se adhieren y si no van a tener más recursos, cómo van a dar el servicio?”, se le planteó.

“Pues eso es lo que ellos tienen que pensar. Ellos tendrían que pensar eso”, aseveró.

SE ACABA EL PLAZO
López Obrador recordó a los gobernadores que tienen de plazo hasta el último día de este mes para decidir si firman o no con la federación. Sin embargo, advirtió que no es un ultimátum e incluso pidió “no amarrar navajas” con los Gobernadores.

Pese a la polémica, el Mandatario se negó a hacerles un llamado para sumarse al esquema del Insabi.

“No. Son personas muy responsables, mayores de edad, como todos los ciudadanos, ellos van a decidir libremente”, expresó.

“Es un periodo para la reflexión, para el análisis, para conocer más sobre el plan, tienen todo el derecho a contar con la información suficiente, no hay prisa. Desde luego, nosotros, ya con los que se han adherido ya estamos trabajando”, estableció.

Por lo pronto, el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, informó que al momento suman 13 entidades adheridas al nuevo modelo de Salud.

ENTIDADES AHDERIDAS
Se trata de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz, CDMX, Colima, Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí y Puebla.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, apuntó que además, los poco más de 4 mil millones de pesos que los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad obtenían por medio de cuotas de recuperación, ahora los dará la Federación, vía las oficinas centrales y tras un proceso de alineamientos de reglamentos y leyes.

Estos recursos serán adicionales a sus otras dos fuentes de financiamiento, es decir, la asignación directa de recursos que se estipula en la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la federación, y el financiamiento que recibían del Seguro Popular -y ahora del Insabi- por atender las 66 intervenciones de alto costo.

Precisó que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la necesidad de convencer a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a que se sumen a la propuesta de eliminar las cuotas de recuperación, tiene que ver con que jurídicamente son organismos públicos, descentralizados, con tienen patrimonio propio y personalidad jurídica y una junta de Gobierno.

EXIGEN CERTEZA LABORAL
Por su parte, ex trabajadores eventuales del desaparecido Seguro Popular (SP), procedentes de Oaxaca, Edomex, Michoacán, de Tabasco y Ciudad de México, protestaron ayer frente a Palacio Nacional para exigir plazas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Según los inconformes, incluidos médicos y administrativos, aunque les dijeron que serían incorporados al Insabi quedaron desempleados a partir del pasado 1 de enero, fecha en que inició funciones el nuevo instituto.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, precisó que fueron contratados de forma eventual casi 7 mil trabajadores sólo para realizar la afiliación al Seguro Popular.

“No existe ánimo de deshacernos de estas personas; al contrario, lo que necesitamos hacer es canalizarlas a nuevas funciones del servicio público, no necesariamente de salud y estamos hablando de personas con contratos eventuales, no de base”, dijo.

Sin embargo, los ex trabajadores exigen al Gobierno federal la solución de su problema y amagan con más protestas este viernes.

Carmen Viviana Pérez, doctora despedida tras laborar nueve años, acusó que no les informaron si serían recontratados.

Samantha Ayala, ex trabajadora del Seguro Popular en Michoacán, explicó que la mayoría tiene 10 años trabajando para la dependencia.

“No queremos liquidación, queremos una continuidad laboral”, afirmó.

Tras manifestarse en Palacio Nacional, los ex empleados arribaron a la Secretaría de Gobernación para exigir certeza laboral y, sin lograr un acuerdo, se dirigieron a la Secretaría de Salud.

Durante el mitin realizado en la entrada de la Segob, los inconformes afirmaron que más de 10 mil personas que laboraban en los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud resultaron afectados por la desaparición del Seguro Popular.