Impugna pleno del INAI el decretazo en la Corte

Agencia Reforma
Ciudad de México

El pleno del INAI aprobó ayer presentar ante la Corte una controversia constitucional contra el acuerdo del Ejecutivo que blinda las obras y proyectos del Gobierno federal al clasificarlas como de interés público y de seguridad nacional.

Por unanimidad, con dos votos particulares de los comicionados Óscar Guerra Ford y Julieta del Río, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) avaló presentar el recurso para preguntarle al máximo tribunal si el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador es violatorio de la Constitución y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Al argumentar su voto, la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, indicó que el acuerdo se traduce en un obstáculo al principio constitucional de máxima publicidad, porque dificulta la difusión y la entrega de la información relacionada con proyectos de infraestructura sin que exista una valoración caso por caso.

ALEJADO DEL RÉGIMEN
“El acuerdo referido se aleja del régimen constitucional, pues da lugar a que toda información de las obras de infraestructura de los sectores antes precisados tenga el carácter de reservada de manera general, previa y dogmática”, afirmó.

El pasado 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial un acuerdo del ejecutivo que declara las obras federales en los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles de interés público y de seguridad nacional, por lo que tendrán dispensa de trámites.

La comisionada Josefina Román advirtió que el acuerdo abre la posibilidad de instaurar procedimientos de clasificación de la información ex-ante, lo que contravendría el piso mínimo establecido por la Ley General en materia de transparencia y acceso a la información.

¿SEGURIDAD NACIONAL?
Román dijo que, en este sentido, consideran necesario preguntarle a la Corte si dicho documento es violatorio de la Constitución, pero también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el organismo encargado de su aplicación se ha pronunciado por que las decisiones de las autoridades relacionadas con los derechos y obligaciones de las personas no sean arbitrarias.

En su turno, el comisionado Adrián Alcalá señaló que el acuerdo amplía el abanico de autoridades que pudieran negar el acceso a la información bajo el pretexto de que, por mandato del Ejecutivo, la referente a las obras y proyectos de infraestructura es clasificada como de seguridad nacional.

Sostuvo que el documento también amplía las posibilidades del Consejero Jurídico de la Presidencia para impugnar las resoluciones que tome el INAI.