Indagan labor de Tagüeña

Agencia Reforma
Ciudad de México

En su expediente contra 31 científicos y ex funcionarios, la Fiscalía General de la República (FGR) incluye el caso de Julia Tagüeña Parga, quien desde el Conacyt autorizó 1.5 millones de pesos para un proyecto que coordinaba su esposo, Manuel Martínez Fernández, en el Instituto de Energía Renovables de la UNAM.

En la primera solicitud de orden de aprehensión, negada el 25 de agosto por un juez federal, la FGR dijo que Martínez Fernández, también usaba una empresa en Morelos como intermediaria para gestionar recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para “terceros”.

“Enrique Cabrero Mendoza, en su calidad de director General del Conacyt, y Julia Tagüeña Parga, como secretaria técnica del Fondo Institucional ‘Foins’, autorizaron 1.5 millones de pesos al Instituto de Energía Renovables de la UNAM, en el cual colaboraba Manuel Martínez Fernández (esposo de Julia Tagüeña), quien fue responsable administrativo del proyecto 282309, beneficiario de los 1.5 millones de pesos”, dice la imputación.

En la fallida solicitud de captura, la Fiscalía también indica que el esposo de Tagüeña fue el gestor de financiamientos del Conacyt, a través de una empresa, cuando ella era directora adjunta de la institución y tenía el poder de aprobar los proyectos.

“Su esposo Manuel Martínez Fernández gestionó a través de su empresa Centro Lavín para el Desarrollo de Innovación y Transferencia Tecnológica S. de R.L. la obtención de fondos del Conacyt a favor de terceros. Siendo importante precisar que dichos proyectos eran evaluados y validados por Julia Tagüeña en su calidad de secretaria Técnica del Foins”, señala.

Según la Fiscalía, la empresa en cuestión se constituyó el 26 de agosto de 2011 en Jiutepec, Morelos, y Martínez Fernández desde un principio fue registrado como accionista, con un capital social de 125 mil pesos.

DESESTIMA IMPUTACIÓN DOS VECES
La imputación de la FGR contra los 31 académicos radica en los 244 millones de pesos que el Conacyt aportó al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), de enero de 2013 a junio de 2019.

Si bien la Ley de Ciencia y Tecnología precisa la obligación del Consejo para financiar el FCCyT, la Fiscalía sostiene que las aportaciones son ilegales porque el Foro primero fue constituido como una asociación civil, ajena a la estructura institucional, y meses después de su creación se estableció el estatuto que validaba esa condición.

Con este razonamiento como punto de partida, la FGR pretendió en dos ocasiones convencer a un juez de que todo el dinero que le dieron al Foro proviene de un desvío y, por tanto, es ilegal, pues fue destinado a actividades “ajenas a su objeto social”.

Y todo incluye a los sueldos, aguinaldos, vacaciones para 27 personas de la estructura de la asociación civil, estacionamientos, gasolina ara autos particulares, materiales de construcción, licencias de software, adquisición de mobiliario y gastos para servicios personales.

También, “una casa residencial”, celulares, mensajería, seguros, fianzas, equipo de cómputo, pasajes, viáticos, becas para prestadores de servicio social y prácticas profesionales, viajes nacionales e internacionales, impuestos, cuotas al IMSS, aportaciones al SAR e Infonavit, banquetes y tintorería.

El juez, sin embargo, desestimó la imputación en las dos ocasiones.