Litigan freno a desalinizadora en Baja California

Agencia Reforma
Tijuana, B. C.

El gobierno de México fue demandado ante un panel de controversia internacional por la cancelación unilateral del contrato para construir una planta desalinizadora en Playas de Rosarito, una decisión tomada durante la administración del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla (Morena).

La defensa por parte de México está a cargo de la Secretaría de Economía, así como de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Milton Rubio, director de Aguas de Rosarito, consorcio que construiría la desaladora, explicó que la demanda se volvió internacional debido a que en el proyecto había capital de empresarios de los Países Bajos.

El Gobierno de Baja California notificó de la cancelación del contrato el 29 de junio del 2020 y Aguas de Rosarito solicitó una indemnización por 56 millones de dólares por la cancelación del contrato firmado por el ex Gobernador Francisco Vega (PAN).

GRAN CANTIDAD DE RECURSOS
El secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California, Luis Salomón Faz, refirió que México tiene un requerimiento de los Países Bajos y la Secretaría de Economía federal encabeza la defensa.

Expuso que aunque él considera que es necesario desalar agua, el proyecto de Aguas de Rosarito, en modalidad de asociación público privada (APP), representaba una gran cantidad de recursos por parte del gobierno.

La desaladora requeriría una erogación de 200 millones de pesos mensuales para pagar la APP, puntualizó, además del pago por el agua, por un periodo de 37 años.