Va reforma judicial

AP
Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de México desestimó el martes las acciones que buscaban detener la reforma judicial luego de que no se lograron los votos requeridos de los ministros para declarar su inconstitucionalidad.
Sólo siete de los 11 ministros del alto tribunal respaldaron el proyecto de sentencia que contemplaba la invalidez de parte de la reforma y suspendía la elección por voto popular de los jueces.
En un comunicado, la Corte señaló que si bien la mayoría de siete ministros se pronunció en favor de la procedencia de las acciones contra la reforma, “al no contarse con la votación calificada de ocho votos necesaria para invalidar diversos preceptos contemplados en el proyecto de resolución, el pleno del Máximo Tribunal Constitucional desestimó los conceptos de invalidez”.
El alto tribunal aclaró que la decisión “no implica que se haga pronunciamiento alguno” sobre la validez de la reforma.
La reforma judicial fue impugnada ante la Corte por los partidos opositores Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Unión Democrática de Coahuila, y los diputados del Congreso del estado central de Zacatecas que solicitaron la anulación de la iniciativa.

CAMINO LIBRE
Ahora el gobierno y el Congreso tienen el camino libre para llevar adelante la reforma que contempla una renovación del poder judicial sin precedentes en la historia reciente de México. Previo a su aplicación la iniciativa desató una crisis ante las protestas y huelgas que protagonizaron miles de jueces y empleados de los tribunales.
Mientras avanzaba la sesión, a las afueras del alto tribunal, en el centro de la capital mexicana, se concentraron miles de jueces, trabajadores de los tribunales, abogados y estudiantes. Entre banderas mexicanas y al grito de “el poder judicial está de pie, está de pie”, los manifestantes exigían la anulación de la reforma que, aseguran, amenaza la independencia de los poderes públicos y la democracia, lo que ha sido descartado por Sheinbaum.
En el proyecto sentencia que elaboró el ministro Juan Luis González Alcántara se planteaba la invalidación de la remoción masiva de los jueces y magistrados previo a su renovación, que se haría por voto popular en junio del 2025 y en el 2027.