Inicia con grandes retos la nueva Suprema Corte

AP
Ciudad de México

El país estrenará hoy lunes una Suprema Corte de Justicia renovada tras unas inéditas elecciones judiciales ampliamente respaldadas por el oficialismo, lo que ha desatado dudas sobre si el máximo tribunal podrá mantener su independencia frente al partido gobernante que la eligió.
La idea de elegir a jueces y ministros en las urnas fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien mantuvo constantes choques con el Poder Judicial por el rechazo a sus reformas. Su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, defendió el proceso asegurando que permitiría un tribunal menos corrupto. Sin embargo, críticos advirtieron del riesgo de politizar la justicia.
Aunque se esperaba un proceso imparcial, en algunos estados circularon folletos que vinculaban a candidatos con Morena. Además, los votantes enfrentaron la compleja tarea de elegir entre más de 7 mil 700 aspirantes que disputaban 2 mil 600 cargos.
Ahora, con nueve ministros electos y bajo la mirada pública, la Corte se convierte en pieza clave de contrapeso. El oficialismo controla también ambas cámaras del Congreso, lo que refuerza la importancia de que el tribunal actúe con autonomía.

AFECTARÁ FALTA DE EXPERIENCIA
Hugo Aguilar, abogado mixteco de 52 años y nuevo presidente de la Corte, rechazó tener vínculos con Morena y prometió actuar con “entera libertad y autonomía”. Con experiencia en la defensa de derechos indígenas, Aguilar se comprometió a impulsar audiencias públicas, cambios en la distribución de casos y un acercamiento a las comunidades para agilizar la justicia.
No obstante, especialistas como Ana Cárdenas, del World Justice Project, alertaron que la falta de experiencia de algunos ministros podría dificultar el trabajo del tribunal. Tres provienen de la anterior Corte, mientras que seis debutan en el cargo, lo que implica “una curva de aprendizaje empinada”.
Entre los mil 400 asuntos pendientes, destaca la revisión de la prisión preventiva oficiosa, una política ampliada por López Obrador que ordena encarcelar de manera automática a personas acusadas de ciertos delitos, incluso no violentos. Organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han exigido su derogación por violar tratados y derechos fundamentales. Aun así, el gobierno la defiende como herramienta contra la criminalidad, pese a que cuatro de cada diez presos en México carecen de sentencia.

ABORTO, INFANCIAS TRANS...
La Corte también deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de códigos penales estatales que criminalizan el aborto, así como en casos relacionados con los derechos de las infancias trans. Aunque en 2021 y 2023 el tribunal avanzó en la despenalización del aborto, no está claro si la nueva integración mantendrá esa línea.
Respecto a la identidad de género, solo siete estados permiten el reconocimiento legal de niñas, niños y adolescentes trans, y apenas tres reconocen identidades no binarias. En algunos estados, como Jalisco, aún no se cumplen fallos previos del máximo tribunal.
Otro tema será la revisión de la reforma minera y de aguas de 2023, que redujo la duración de las concesiones de 50 a 30 años y otorgó al Estado la facultad de cancelarlas si no se trabajaban en dos años.