Asignatura pendiente

Hace 8 años los artesanos nativos de Baja California, cucapá, kiliwa, kumiay y paipai, en lo colectivo obtuvieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en la categoría de Arte y Tradiciones Populares, por la preservación de las técnicas ancestrales de elaboración de cestería, cerámica, entre otras ramas artesanales.

Este año Leonor Farlow Espinoza, autoridad tradicional kiliwa, recibió en lo individual esa misma distinción, de manos del expresidente Enrique Peña Nieto, en reconocimiento al trabajo de preservación de su lengua materna y conocimiento sobre su cultura.

También en el 2010, María de los Ángeles Carrillo, originaria de San José de la Zorra, quien participó por primera ocasión en un concurso a nivel nacional organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), obtuvo el premio bicentenario del Concurso de Arte Popular, un galardón especial por la celebración de la independencia nacional. 

Esta participación abrió el camino para que las artesanas de la comunidad kumiay, Aurelia Ojeda, Diana Carrillo, Paula Vega y Yaquelín Díaz en los años sucesivos fueran acreedoras a estos premios, ocupando los primeros lugares.

Este 2018, María de los Ángeles, nuevamente ratifica su talento obteniendo el primer lugar en la competencia de Grandes Maestros, organizada también por el mencionado fondo.  

Si bien estos reconocimientos han servido como un estímulo para algunas artesanas, es notorio que el Gobierno Estatal es indiferente al sector artesanal nativo. 

Es necesario oficializar más tareas

En el 2001 se creó la Ley de Fomento a las Artesanías Indígenas para Baja California, que en sus 11 años de existencia significó magro o nulo apoyo. 

La XX Legislatura estatal abrogó esta ley en 2012, para dar paso a la Ley de Fomento a la Producción Artesanal del Estado de Baja California, que en la práctica ha significado letra muerta. 

Esta legislación, salvo modificaciones en la numeración de artículos, prácticamente quedó igual en cuanto a los pretendidos alcances, pero eliminando el elemento étnico.  Los organismos oficiales con el mandato para trabajar en favor de los artesanos son la Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria del Trabajo e Instituto de Cultura. 

A pesar de que la modificación debió significar la eliminación de omisiones y enmendar errores de la primera ley, lo urgente de acuerdo al resultado fue borrar lo indígena de esta legislación, pero no así buscar la creación de programas y proyectos que después de 6 años siguen sin existir en las mencionadas dependencias. 

Tareas como el registro y catálogo de artesanías son necesarias, así como la documentación de los procesos de elaboración de los diversos productos, pero sobre todo el desarrollo de canales de comercialización efectivos, que permitan asegurar la sustentabilidad de esta actividad, parte integral del patrimonio cultural e histórico de Baja California, que por cierto, no es reconocida como tal de forma oficial en nuestro estado.

“Tareas como el registro y catálogo de artesanías son necesarias, así como la documentación de los procesos de elaboración de los diversos productos, pero sobre todo el desarrollo de canales de comercialización efectivos, que permitan asegurar la sustentabilidad de esta actividad, parte integral del patrimonio cultural e histórico de Baja California, que por cierto, no es reconocida como tal de forma oficial en nuestro estado”.

*Presidente del Seminario de Historia de Baja California.