PGJE se saltó procedimiento: defensa Connie

Ensenada, B. C.  - Por un error en la integración de evidencias que llevó a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), podría ser absuelta y liberada Consuelo Sánchez Osuna, alias "Connie”, luego que sus defensores promovieran un juicio de amparo indirecto.    

Los abogados de la inspectora escolar involucrada en la muerte de la niña Estefanía, informaron que no apelarán el auto de formal prisión dictado en su contra, como habían anunciado la semana pasada, sino que buscarán ampararse a través de un juzgado de distrito. 

Magdaleno Reyes Martínez, representante legal de la presa, explicó que prefirieron desistir de la intervención de un tribunal de apelación, debido a que los magistrados suspendieron actividades por su periodo vacacional decembrino, lo que aplazaría la defensa por más tiempo.

Durante el próximo jueves o viernes presentarán su inconformidad constitucional, con el objetivo de que el juzgador federal revise si la decisión del Juzgado Tercero de lo Penal está conforme a los principios de legalidad, justicia y de debido proceso.

Algunas de las presuntas irregularidades que exhibirá la defensa de la mujer de 55 años, son la entrega de unas llaves que realizó la abogada de Érika Mayté González Ruiz, mamá de la niña, a la Subprocuraduría de Justicia, zona Ensenada. 

Sin protestar en esa fecha como representante legal de la madre detenida el pasado 17 de noviembre, le dio el acceso a la fiscalía estatal al domicilio ubicado en la colonia Lomitas, vivienda en la que "Connie” estaba como arrendataria y no González Ruiz.

Además que no estaba facultada la defensora para dar las llaves de la casa, pues en las indagatorias presentadas ante el juez, no aparece la autorización por parte de Érika Mayté para que hiciera eso, o que agentes ministeriales y peritos ingresaran a revisar el inmueble. 

Reyes Martínez puntualizó que aunque le hayan entregado las llaves del inmueble, el Ministerio Público no debía entrar sin una orden de cateo, como lo señala el artículo 16 de la Constitución Política de México. 

La autoridad investigadora debió solicitar de manera urgente la boleta de allanamiento al Juzgado Tercero de lo Penal, para poder realizar el trabajo pericial respaldado con el mandato judicial. 

Debido a esa falta, el abogado de Sánchez Osuna consideró como muy probable que el juez federal ordene cancelar las evidencias que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al intervenir la casa saltándose el procedimiento. 

"Todo lo que Ministerio Público encontró dentro del inmueble, y que es en beneficio de la verdad, se va a desechar, se va a anular, le va a ordenar al juez común que no tome en consideración al momento de sentenciar el asunto”, finalizó.