ESPEJO Y VENTANA

Durante la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 193 Estados miembros adoptaron la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes, en la cual la comunidad internacional se compromete a garantizar los derechos y la protección de los desplazados, sin importar su estatus. Una parte esencial de este proceso radica en abordar las causas de estos desplazamientos: la violencia, la falta de oportunidades de desarrollo y las amenazas del cambio climático. 

En los últimos años, la comunidad internacional se ha enfocado en los desplazamientos humanos en Medio Oriente. Sin embargo, en el sur de México también se presenta una grave problemática, que ha provocado que más de 400 mil personas intenten cruzar la frontera sur de nuestro país: la crisis de refugiados centroamericanos. Durante la Cumbre Internacional sobre Refugiados, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, le recordó a los representantes de cada estado, la importancia de resolver y gestionar esta crisis.

La región del Triángulo Norte de América Central es una de las zonas más violentas a nivel global. El crimen organizado y las sequías han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares y buscar asilo en otros países. Aunque la mayoría de los migrantes centroamericanos cruzan México con la intención de llegar a los Estados Unidos, en los últimos años se ha observado un incremento en las solicitudes para permanecer en el país. En los primeros ochos meses del 2016, México recibió cuatro veces más solicitudes de asilo que las registradas durante el 2013. 

Ante esta crisis, el presidente Peña Nieto presentó las siete acciones que ha realizado el gobierno mexicano para garantizar un trato digno a los migrantes y refugiados: Mejorar el diálogo con Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, para actuar de forma coordinada y responsable; incluir socioeconómicamente a los refugiados; homogenizar los procedimientos de elegibilidad con los estándares internacionales; dar un mayor apoyo a los refugiados; evitar la detención de los solicitantes de asilo; realización de campañas informativas y de difusión sobre el derecho a solicitar refugio: y aplicar protocolos para proteger a los menores de edad no acompañados o separados. 

A pesar de las medidas que se han tomado para mejorar la calidad de vida de los desplazados centroamericanos en nuestro territorio, aun se observa una incoherencia entre el discurso del gobierno mexicano ante los organismos internacionales y la realidad dentro del territorio nacional. En los primeros seis meses del 2016 se capturaron a 99 mil 768 migrantes centroamericanos; además, de las 3 mil 486 solicitudes de asilo, solamente se aprobó el 35%. De acuerdo con la Oficina de Washington en América Latina (WOLA), el presupuesto para el Instituto Nacional de Migración (INM)  es de 1,670 millones de pesos y el de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) es de sólo 25 millones 400 mil pesos. 

El discurso de Peña Nieto plantea que el gobierno mexicano es consciente de la crisis de refugiados centroamericanos y ha unido esfuerzos para resolverla; sin embargo, las cifras evidencian que se ha favorecido una política de control y regulación migratoria, en lugar de una de protección y apoyo a los refugiados y migrantes.