Algo de historia sobre la Ley del Notariado

La semana pasada vimos someramente lo que era el Notario y la forma en que se va preparando hasta llegar a ser titular de una Notaría.

Mientras estuvo vigente la Ley del Notariado expedida en el sexenio del Gobernador Ernesto Rufo Appel, y mantenida por los gobernadores que le siguieron, los Notarios podían desarrollar, dentro del proceso de selección, la supervisión de conocimientos de los aspirantes, hasta llegar a la meta: la titularidad.

Sin embargo, el actual Poder Ejecutivo Estatal, al igual que muchos nuevos gobernadores en otros estados, ha evidenciado interés en las Leyes Notariales, con claras muestras de aumentar su poder y posesionarse de una actividad que sólo puede estar regulada por una ley justa y congruente, no por leyes hechas ad hoc para que el mandatario en turno haga lo que más le convenga, sobre todo porque está en juego la FE PÚBLICA, es decir, la seguridad de que legalmente son correctos los documentos que confeccionan los Notarios Públicos y que, por lo mismo, se puede confiar plenamente en ellos.

Esto sólo se logra con estudio y práctica, y con la intromisión de intereses ajenos al espíritu de la FE PÚBLICA, no llegarán al Notariado los que más saben, pero si, muy probablemente, los que el gobernador quiera.

Cuando las reformas a la Ley del Notariado que propuso Francisco Arturo Vega de Lamadrid se encontraban en discusión, en el pleno de la Legislatura del Congreso del Estado, una de las diputadas, ya desesperada porque no podían todavía someter a votación las reformas, gritó: ¡Ay, ya dejen de discutir. Todos sabemos que el gobernador es el dueño de la fe pública!

Tan absurda declaración sólo puso de manifiesto la ignorancia de aquella representante del pueblo, pues la fe pública nace de la Ley, y nadie puede arrogársela como propia.

Como afirmé en la columna pasada, el Gobernador no tiene fe pública, la tienen sus secretarios; ni los jueces tienen fe pública, también la tienen sus secretarios; ni el presidente municipal tiene fe pública, sólo la tiene el secretario general del Ayuntamiento.

Lo más curioso de todo esto es que, cuando hablaba con el Magistrado que resolvería el amparo que los Notarios interpusimos en contra de las reformas vigentes, afirmó: ¿Y cómo saben ustedes que los notarios que nombre “de dedazo” el gobernador no pueden ser buenos notarios? Nosotros, los magistrados, hemos sido designados en gran mayoría por los Ministros de la Corte, por “dedazo”, y no somos inferiores que quienes llegaron por examen de oposición”.

Semejante declaración sólo puso en evidencia lo que motivó el sentido de la sentencia que, finalmente, negó el amparo a los notarios. No importó para ellos que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un amparo que resolvió la controversia constitucional que motivó la Ley del Notariado para el Estado de Jalisco, había establecido que el examen de oposición era el mejor medio encontrado hasta el momento para asegurar que sólo los más capacitados llegaran a la titularidad de una Notaría.

Finalmente, cuando menos en este sexenio, ha predominado la imposición del poder sobre las leyes, y se han modificado éstas sin haberse estudiado y consultado a los especialistas en el ramo, sea cual sea la materia, con tal de lograr lo que se ha propuesto.

Todos esperamos con ansiedad el fin del sexenio, para tratar de revertir lo que tanto daño se está causando, en nuestro caso, a la función notarial.

Pero, como en todas las otras ocasiones, de nuevo se ha acabado el espacio, por lo que nos veremos la próxima semana en que, como siempre, estaré llevando la Notaría a sus hogares.

* Titular de la Notaría Pública Número Cinco en Ensenada

diegomonsivais@notaria5ensenada.com