La Bufadora

¿En lo oscurito?

La denuncia pública del regidor Arturo Serratos, en el sentido de que el gobierno municipal extendió las concesiones hasta el 2022 a los actuales prestadores del servicio público urbano de pasajeros sin el conocimiento de los integrantes del Cabildo.

De ser cierto lo anterior, se comprendería entonces el por qué los transportistas dejaron de exigir que les autorizaran aumentar dos pesos más el costo de la tarifa por corrida.

No sería la primera ocasión que todo lo relacionado con este servicio se dirima en los sótanos de Palacio Municipal. Ya veremos qué responde el alcalde Gilberto Hirata Chico y el resto de los ediles.

Cuchillito de palo
¿Quién fue la influyente mujer que ordenó que se bajaran del vehículo de Carlos Loyola las ‘vacas sagradas’ del PAN durante la caravana que se realizó el pasado fin de semana? ¿Acaso apenas se dieron cuenta que el G6 ya no suma?

Aplazan otra vez

Aunque habían anunciado que ayer lunes le darían trámite al conjunto de iniciativas que sustentan el pretendido nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, los senadores volvieron a fracasar en su intento por aprobar en comisiones las leyes anticorrupción, ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios.

Fuentes de la Junta de Coordinación Política informaron que el gobierno federal y el PRI solicitaron más tiempo para analizar los proyectos de dictamen de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), con la que pretenden crear la nueva Fiscalía Anticorrupción.

Detallaron que la titular de la PGR, Arely Gómez, mostró particular interés en conocer a detalle los alcances del dictamen que plantea la creación de una Fiscalía, independiente del Poder Ejecutivo, para perseguir penalmente a los funcionarios corruptos.Líderes de las bancadas aseguraron que están listos para reactivar los trabajos legislativos en un periodo extraordinario, entre el 13 y el 17 de junio, pese a no contar con los dictámenes.

Exige IP a legisladores

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigió al Congreso de la Unión avalar sin demoras y respetando el espíritu de la reforma constitucional las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

"No hay excusas para demorar un acuerdo real, con profundidad y responsabilidad, entre las fuerzas partidarias representadas en el Congreso. Los legisladores tienen la oportunidad de demostrar con hechos que tienen un compromiso real con la transparencia y la legalidad”, se urgió mediante un desplegado.

"Es momento de compromiso y de acción. Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Los mexicanos lo demandan y México lo necesita”.

El CCE exige que la reforma contenga una fiscalía anticorrupción independiente, una Secretaría de la Función Pública renovada, asegurar que la Auditoría Superior de la Federación efectivamente cuente con atribuciones y recursos para revisar el uso del dinero público y que se establezca la Sala Especial dentro del Tribunal de Justicia Administrativa para atender los temas de corrupción, como órgano autónomo para juzgar los actos de corrupción.

Además, una Ley General de Responsabilidades Administrativas que asegure el desempeño honesto de los funcionarios mediante un mecanismo transparente y eficaz que evite los conflictos de interés y que se ajuste el Código Penal para reformar los tipos penales relacionados con la corrupción.

 

Los dejan plantados

Por cierto, representantes de la sociedad civil que fueron citados por el Senado para exponer ante comisiones el contenido de la iniciativa de ley 3de3 abandonaron ayer el recinto legislativo ante la falta de condiciones para que arranque el proceso de dictaminación.

Los ciudadanos fueron convocados para participar en la sesión de las comisiones unidas de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, a partir de las 12:00 horas, pero decidieron retirarse hora y media después, debido a que los trabajos no iniciaron.

"Estamos dejando constancia de que estuvimos presentes y que no habiendo condiciones para que se instale la sesión correspondiente, vamos a retirarnos, a la espera de que haya una nueva convocatoria por parte del Senado”, dijo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Antes de dejar la sede legislativa, los ciudadanos recordaron que desde el pasado 28 de mayo se agotó el plazo constitucional para aprobar las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre los representantes de la sociedad civil acudieron Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas; Juan Pardinas, director del IMCO; Enrique Cárdenas Sánchez, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; y Francisco López Díaz, director general de Coparmex.