Confirman estocada
La última esperanza para que en Baja California no se realizará la homologación del IVA al 16% se esfumó ayer y con ello se confirmó la estocada para el crecimiento de la región.
Con una mayoría de nueve votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló la constitucionalidad de la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aprobada en la reforma fiscal de 2013.
En la cuarta sesión para abordar la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores y diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo (PT), la contundente mayoría de los ministros consideró que el incremento en la tasa de gravamen de 11% al 16% no violó la garantía de equidad tributaria; el único ministro del Pleno que se mostró en contra fue Alberto Pérez Dayán. El ministro a cargo del proyecto de sentencia, Sergio Valls no emitió su voto debido a que se encuentra en licencia por motivo de salud.
El IVA fronterizo estaba vigente por segunda ocasión desde 1995 (la primera fue en 1998 y luego se derogó), para estimular la competitividad de las ciudades que se ubican en estas zonas frente a sus vecinos extranjeros, quienes aplican menores impuestos al consumo. Como parte de la Reforma Fiscal aprobada el año pasado, la tasa se homologó con el resto del país, es decir a 16%, a partir de enero de este año.
La ministra Margarita Luna Ramos expuso que la tasa diferenciada correspondió a una medida extrafiscal que buscaba apoyar la competitividad económica de los estados que tienen frontera con Estados Unidos.
La homologación vino a representar un factor en contra, negativo para el desarrollo fronterizo, pues es evidente que las condiciones de competencia entre los sectores productivos de Baja California con los de California están desiguales.
Hay temor, como ya lo han demostrado análisis del Colef, de que la homologación va a desanimar el circulante en territorio nacional, y la gente optará por hacer sus compras en San Diego, con ello afectando por supuesto al comercio de este lado de la frontera. El sector industrial y empresarial también ya dio cuenta de las afectaciones.
Este sexenio federal parece que representará un retroceso para Baja California que seguramente se reflejará en los indicadores; las políticas centralistas le ponen esta vez una dura prueba a la economía local.
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