Desde El Vigía

Los que deberían poner el ejemplo son los que promueven la opacidad. Sin embargo, un ministro de la Suprema Corte de Justicia rechazó la controversia constitucional interpuesta por los jueces de la Ciudad de México que se resisten a que se les aplique la ley 3 de 3.

Los tribunales de Justicia, de lo Contencioso Administrativo y Electoral locales no quieren hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de sus jueces y magistrados, por lo que promovieron invalidar un artículo de la Ley de Transparencia.

Los funcionarios judiciales no pedían que se les exentara de presentar sus declaraciones al órgano de gobierno correspondiente, pero sí que no se difundieran las versiones públicas, mientras la Corte resuelve sobre la Constitucionalidad del artículo 121, fracción XIII, de la ley en cuestión.

Al respecto, el ministro o ministra -cuyo nombre no fue informado por la Corte-, negó la suspensión solicitada en contra del 3 de 3.

Ahora, los tribunales afectados podrán impugnar la negativa de suspensión mediante reclamación, proceso que resolverá una de las Salas o el Pleno de la Corte.

La negativa de suspensión fue sorpresiva, pues de publicarse las declaraciones, la Asamblea Legislativa puede alegar ante la Corte que la controversia ya quedó sin materia. 

Los tribunales alegan que la Asamblea Legislativa de la Ciudad México violó el derecho humano a la privacidad y la intimidad, y puso en riesgo el ejercicio de la función jurisdiccional, al obligar a jueces y magistrados revelar datos personales que podrían hacerlos vulnerables a presiones externas.

También sostienen que la ley local va más a allá de lo previsto en la Ley General de Transparencia, que deja a elección de los servidores públicos si se difunden o no sus declaraciones patrimoniales, como ha sido tradicional.

Cabe recordar que en 2013, el Pleno de la Corte declaró Constitucional un artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que también deja a elección de los funcionarios si se publican o no los detalles de sus declaraciones patrimoniales.

La nueva Ley General de Responsabilidades, aprobada por el Congreso como parte del sistema anticorrupción, contempla el 3 de 3 y dejaría en manos de un Comité Ciudadano decidir qué elementos de las declaraciones tendrían que publicarse.