La causa de la causa…

Los asesinatos de alcaldes ocurridos el fin de semana pasado son una señal, entre tantas, de que algo muy grave está pasando.

Estos hechos no pueden tomarse a la ligera, ni como casos aislados, porque la raíz del problema se encuentra en la corrupción y la impunidad que imperan en el país.

Los alcaldes se sienten vulnerables por los altos índices de violencia, y no es para menos: el número de presidentes municipales muertos, 40 desde el 2006 y 14 en este sexenio, es tan alarmante que la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) solicitó una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, para presentarle un protocolo de protección para sus miembros.

En éste, piden clasificar las zonas de riesgo según su nivel, incluir en el Consejo de Seguridad Pública a representantes municipales, incrementar los recursos para fortalecer la seguridad y crear un fondo para proteger a alcaldes y ex alcaldes.

El vicepresidente de la asociación, Julio César Soto Márquez, informó que los ediles asesinados pertenecían a diferentes fuerzas políticas, por lo que el asunto "es parejo”.

Debe ser parejo, porque el delito de cohecho, el hurto del erario público y los nexos con narcotraficantes también son parejos en todos los partidos.

Sin embargo, los señores del gobierno están muy espantados por la ausencia de Estado de derecho y porque no hay consecuencias jurídicas claras para la maraña de actos violentos que se están presentando en el país; pero tampoco se han visto consecuencias legales para los políticos corruptos.

Dice el dicho que "la causa de la causa es causa del mal causado”, y si en México escasea el Estado de derecho es porque ningún gobierno se ha tomado la molestia de preservarlo y mucho menos de hacerlo valer.

En este país el "sí se puede” engloba enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, lavado de dinero, violaciones a los derechos humanos, asesinatos, desapariciones, bloqueos y pasarnos la Constitución por el arco del triunfo.

¿Con qué cara estos servidores públicos exigen al Gobierno Federal que imponga el Estado de derecho, si ellos mismos han alimentado la impunidad y la corrupción?

¿Cómo puede el Gobierno Federal hacer valer el Estado de derecho, si en su centro mismo estos problemas son más que evidentes?

Tan fácil es para los servidores públicos evadir sus culpas, como hizo Peña: pidiendo perdón por la Casa Blanca y tener la frescura de decir que "actuó conforme a la ley”, sin que haya consecuencias jurídicas.

Las estrategias desvergonzadas de gobernadores, para "blindarse” con fiscalías y leyes "mayoriteadas” en los Congresos locales para evitar investigaciones posteriores que revelen sus cochineros, son claros ejemplos de la falta de Estado de derecho.

No saben o no les interesa saber que el Estado de derecho es "la organización política de la vida social sujeta a procedimientos regulados por la ley, donde los actos del Estado están limitados por un marco jurídico supremo, guiados por el principio de legalidad y el respeto absoluto de los derechos fundamentales. Es el imperio de la ley y tanto gobernantes como gobernados están sujetos a sus regulaciones”.

El gobierno mismo tiene que empezar por respetar las leyes para exigir que se respeten y asegurar que todos los ciudadanos sean tratados por igual. Así es como se instaura un Estado de derecho, no manoseando la Constitución a su antojo.

 Sería bueno reflexionar, si todos los actos violentos son causados por la delincuencia organizada o, debido a la impunidad que cobija a los mandatarios corruptos, muchos son hechos desesperados de gente que busca hacer justicia por su propia mano, pero al gobierno le es más cómodo esconderlos bajo el conveniente disfraz de "delincuencia organizada”, para lavarse las manos y no responsabilizarse de sus actos.