Educación superior

Pese a los constantes cambios sociales y tecnológicos, la ley de educación superior no ha registrado modificación alguna en los últimos 38 años. Ello es motivo de debate entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y rectores de distintas instituciones, quienes señalan la urgencia de legislar en la materia.

1. La legislación de educación superior actual en México data de 1978, la cual, desde su promulgación, no ha sido modificada, lo que genera rezago. Además, esto ha orillado a que temas que omite la ley sean regulados mediante acuerdos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

2. Como consecuencia de la ley actual, falta claridad en las competencias para los diversos órdenes de gobierno, ya que, al no señalar a las autoridades educativas que se encargan de la coordinación de educación superior, esa facultad es ejercida por la federación, los estados y los municipios.

3. Al definir el nivel de gobierno responsable de la educación superior, dejará de existir la falta de compromiso de algunos gobiernos locales en la entrega oportuna de los recursos necesarios para las funciones académicas y administrativas, aun cuando haya convenios de apoyo financiero suscritos.

4. Se debe buscar una normatividad clara y precisa que otorgue certeza sobre el presupuesto a las instituciones de educación superior, para establecer presupuestos plurianuales e irreductibles, se les dote de autonomía presupuestal y que la asignación de los recursos federales llegue directamente a las instituciones.

5. Se debe garantizar la calidad de los programas educativos de nivel superior impartidos por particulares, cuyo Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es complejo y tardado, pues es regulado por la Ley General de Educación, a través del Acuerdo Secretarial 279 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

6. Se debe evaluar, debido a la ineficacia de la ley y a los retos que enfrenta México, la calidad de la educación, la acreditación de planes de estudio, así como la certificación y colegiación.

7. Es necesaria la creación de una entidad que coadyuve a la coordinación del sistema nacional de educación superior, que pueda proponer políticas, estrategias y criterios generales, también que pueda dar seguimiento puntual a las necesidades y problemáticas específicas a cada región del País.

8. El RVOE que se otorga a instituciones particulares debe generar el cumplimiento de estándares de calidad y establecer los mecanismos para evitar que los estudiantes sean engañados por instituciones educativas que no cuenten con ese reconocimiento, pues, por tanto, no deberán expedir títulos o grados académicos.

9. La reforma deberá incluir temas como internacionalización y globalización que promuevan la movilidad académica y el reconocimiento de estudios en el extranjero.

 10. Se necesita una ley consistente y acorde con las necesidades actuales, que responda a los grandes cambios jurídicos, sociales e internacionales que en los últimos años ha sufrido la educación superior: evaluación, planeación, equidad, ampliación de la cobertura, transparencia y la rendición de cuentas.

* Director de la ANUIES.