Por si las moscas
¿Ahora sí?
Por Laura Monzón
Curioseando el otro día en la página del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), encontré un artículo interesante -de hace un par de años, pero que viene al caso-, el cual habla sobre los problemas de vivir en un país corrupto.
El director general de IMCO, Juan E. Pardinas, explica que dos académicos, Cheol Liu y John L. Mikesell realizaron una investigación basada en los casos de corrupción en varios países, entre ellos Estados Unidos.
El dato duro que dan del país del norte es interesante. Entre 1976 y 2008, 25 mil funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno fueron encontrados culpables por corrupción. Esto quiere decir que, en promedio, unos 781 políticos fueron sentenciados por año.
Por supuesto que estas cifras a nosotros nos parecen increíbles, porque a excepción de algunos casos, la condena mexicana no pasa de tuitazos, memes feisbukeros y el escándalo mediático.
Está claro que la corrupción no es exclusiva de México ni es propia de nuestra cultura, y la tentación es grande en cualquier lugar. La diferencia radica en que en otros lados sí se investiga, sí se procesa y sí se encarcela al político que es hallado culpable de corrupción. La ley se respeta y se hace valer, cosa que aquí no sucede, a pesar de todas las odas a la transparencia y a la rendición de cuentas por parte de los Gobiernos.
Pardinas comenta que por eso la economía de nuestro país no se levanta, conclusión a la que llegaron Banxico y el Foro Económico Mundial, deducción que podemos sacar sin ser expertos en finanzas.
Otro dato interesante que mencionan Liu y Mikesell en su estudio, es que la corrupción eleva el gasto público y deforma las prioridades en la partida de egresos gubernamental, porque la inversión no se centra en lograr un beneficio social ni en incrementar la rentabilidad, sino en hallar la manera de desviar lo más que se pueda del dinero para darle otro uso o metérselo en el bolsillo.
Esto quiere decir, que los gobiernos corruptos van a gastar más en aquello que sea de difícil supervisión, como proyectos de infraestructura, aunque en México podríamos agregarle los programas sociales.
Toda la letanía anterior viene a colación, por las advertencias de la petista Karina Castrejón Bañuelos, hacia los ex funcionarios de la administración municipal pasada. Hace unos días, nos sorprendió la entereza con la que la síndico procuradora afirmó que "ahora sí”, se van a presentar acusaciones contra los presuntos responsables del desvío de recursos, principalmente del Ramo 33.
Este fondo de origen federal es transferido a los estados y municipios para que sea usado en educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero, seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social.
Del programa Fortalece -destinado a la infraestructura-, sólo el 15.40 por ciento fue asignado y el restante sabrá la madre naturaleza dónde quedó. Pero según las investigaciones, no existen obras ni siquiera empezadas de las que se supone correspondían a la partida del año pasado.
Por tal razón, calculan que el 90 por ciento del total del monto del Ramo 33 fue desviado. ¿A dónde? Pues una parte se fue a cubrir el pago nómina y compensaciones salariales, pero nadie sabe a dónde fue a parar el resto del dinero.
La cuestión es si la síndico procuradora, "ahora sí”, cumplirá su palabra de llegar hasta las últimas consecuencias.
Ya veremos si las autoridades enjuiciarán y encarcelarán, "ahora sí”, a quienes resulten culpables de corrupción o, al final, saldrán con el pretexto de que no se encontraron pruebas suficientes y terminarán sacrificado a algunos chivos expiatorios para mitigar la inquietud social.
El director general de IMCO, Juan E. Pardinas, explica que dos académicos, Cheol Liu y John L. Mikesell realizaron una investigación basada en los casos de corrupción en varios países, entre ellos Estados Unidos.
El dato duro que dan del país del norte es interesante. Entre 1976 y 2008, 25 mil funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno fueron encontrados culpables por corrupción. Esto quiere decir que, en promedio, unos 781 políticos fueron sentenciados por año.
Por supuesto que estas cifras a nosotros nos parecen increíbles, porque a excepción de algunos casos, la condena mexicana no pasa de tuitazos, memes feisbukeros y el escándalo mediático.
Está claro que la corrupción no es exclusiva de México ni es propia de nuestra cultura, y la tentación es grande en cualquier lugar. La diferencia radica en que en otros lados sí se investiga, sí se procesa y sí se encarcela al político que es hallado culpable de corrupción. La ley se respeta y se hace valer, cosa que aquí no sucede, a pesar de todas las odas a la transparencia y a la rendición de cuentas por parte de los Gobiernos.
Pardinas comenta que por eso la economía de nuestro país no se levanta, conclusión a la que llegaron Banxico y el Foro Económico Mundial, deducción que podemos sacar sin ser expertos en finanzas.
Otro dato interesante que mencionan Liu y Mikesell en su estudio, es que la corrupción eleva el gasto público y deforma las prioridades en la partida de egresos gubernamental, porque la inversión no se centra en lograr un beneficio social ni en incrementar la rentabilidad, sino en hallar la manera de desviar lo más que se pueda del dinero para darle otro uso o metérselo en el bolsillo.
Esto quiere decir, que los gobiernos corruptos van a gastar más en aquello que sea de difícil supervisión, como proyectos de infraestructura, aunque en México podríamos agregarle los programas sociales.
Toda la letanía anterior viene a colación, por las advertencias de la petista Karina Castrejón Bañuelos, hacia los ex funcionarios de la administración municipal pasada. Hace unos días, nos sorprendió la entereza con la que la síndico procuradora afirmó que "ahora sí”, se van a presentar acusaciones contra los presuntos responsables del desvío de recursos, principalmente del Ramo 33.
Este fondo de origen federal es transferido a los estados y municipios para que sea usado en educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero, seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social.
Del programa Fortalece -destinado a la infraestructura-, sólo el 15.40 por ciento fue asignado y el restante sabrá la madre naturaleza dónde quedó. Pero según las investigaciones, no existen obras ni siquiera empezadas de las que se supone correspondían a la partida del año pasado.
Por tal razón, calculan que el 90 por ciento del total del monto del Ramo 33 fue desviado. ¿A dónde? Pues una parte se fue a cubrir el pago nómina y compensaciones salariales, pero nadie sabe a dónde fue a parar el resto del dinero.
La cuestión es si la síndico procuradora, "ahora sí”, cumplirá su palabra de llegar hasta las últimas consecuencias.
Ya veremos si las autoridades enjuiciarán y encarcelarán, "ahora sí”, a quienes resulten culpables de corrupción o, al final, saldrán con el pretexto de que no se encontraron pruebas suficientes y terminarán sacrificado a algunos chivos expiatorios para mitigar la inquietud social.
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