LA BUFADORA
Pura demagogia
Por El Mosquito
El diputado local plurinominal, Catalino Zavala Márquez, quien ha sido legisladores en varias ocasiones gracias a espurias alianzas partidistas y las bondades de la legislación electoral con quienes nunca ganan en las urnas, ahora tuvo la ocurrencia de proponer que se eleve a rango constitucional la gratuidad en la educación superior, para "obligar al Estado a abrir nuevos centros educativos públicos y a otorgar becas completas para que jóvenes paguen la universidad”.
El diputado de Morena presentó una iniciativa de decreto para reformar el artículo 7 de la Constitución local, para agregar como un derecho ciudadano la educación superior gratuita.
Lo anterior suena hermoso, pero Zavala Márquez no dice de dónde saldrán los recursos económicos para que su petición se haga realidad. ¿Por qué no exige que se elimine el financiamiento público a los partidos políticos y ese dinero se destine para las becas universitarias que propone?, ¿por qué Morena no pone el ejemplo en Baja California?, ¿dónde está su dirigente estatal Jaime Bonilla donando los diez millones de pesos que le corresponden de financiamiento en este año para aportarlo a la educación de los jóvenes bajacalifornianos de escasos recursos pero con deseos de cursar una carrera?
Desde la tribuna del Congreso del Estado Catalino Zavala lleva décadas arreglando el mundo y cobrando millonadas. A él sí que lo tenemos becado en el Poder Legislativo.
Revocación y segunda vuelta
Y debido a que no existe una agenda conjunta en el Congreso local y cada diputado propone lo que quiere, la legisladora ensenadense Rocío López Gorosave también pretende corregir pecados recientes -como votar a favor de la Ley del Agua- al solicitar que se reformen los artículos 12 de la Constitución Política del Estado y 2 de la Ley de Participación ciudadana del Estado, para que la revocación de mandato de los servidores públicos de elección popular sea a través de los ciudadanos mediante mecanismos de participación directa.
López Gorosave también propuso la adición de un nuevo capítulo en la Constitución, para la celebración de una segunda vuelta electoral, y en ese sentido apuntó: "la Ley electoral establecerá los mecanismos para la segunda vuelta electoral en la elección a gobernador cuando este no consiga el 50% más uno, dentro de la jornada electoral ordinaria y la diferencia sea menor al 7% de la preferencia electoral”.
Lo cierto es que diputados de otras fuerzas políticas coinciden en estas propuestas, pero todo queda en el discurso mediático, porque tales iniciativas son congeladas en comisiones.
Suman 781 mdp en multas
Del 4 de abril de 2014, fecha en que fue conformado el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), al 31 de diciembre de 2016 el árbitro electoral ha impuesto a partidos políticos nacionales y personas físicas y morales mil 109 multas por un monto de al menos 781 millones de pesos.
El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presentó ante el consejo general un informe donde detalló que la Tesorería de la Federación ha sido enterada de 523 de los 781 millones de pesos en multas.
"(Los montos de sanciones y de fiscalización) no corresponden con los montos enterados a la Tesorería, pues cada sanción se encuentra en un estado diferente: cobrada, impugnada, en elaboración.
"Por ello debe tomarse en cuenta que existe un desfase temporal inherente al procesamiento de las sanciones, debido a que su cobro debe realizarse un mes después de que han quedado firmes”, explicó.
Jacobo Molina explicó que las multas impuestas a personas físicas y morales que han sido pagadas no se consideran en el monto total reportado en el informe.
"Debido a que éstas se pagan directamente a la Tesorería y en ningún momento pasan por el control del Instituto Nacional Electoral”, apuntó.
Los montos de las multas se orientan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)… mmmmmm, ¡entonces sí debería haber suficiente dinero para fomentar la ciencia y la investigación!
El diputado de Morena presentó una iniciativa de decreto para reformar el artículo 7 de la Constitución local, para agregar como un derecho ciudadano la educación superior gratuita.
Lo anterior suena hermoso, pero Zavala Márquez no dice de dónde saldrán los recursos económicos para que su petición se haga realidad. ¿Por qué no exige que se elimine el financiamiento público a los partidos políticos y ese dinero se destine para las becas universitarias que propone?, ¿por qué Morena no pone el ejemplo en Baja California?, ¿dónde está su dirigente estatal Jaime Bonilla donando los diez millones de pesos que le corresponden de financiamiento en este año para aportarlo a la educación de los jóvenes bajacalifornianos de escasos recursos pero con deseos de cursar una carrera?
Desde la tribuna del Congreso del Estado Catalino Zavala lleva décadas arreglando el mundo y cobrando millonadas. A él sí que lo tenemos becado en el Poder Legislativo.
Revocación y segunda vuelta
Y debido a que no existe una agenda conjunta en el Congreso local y cada diputado propone lo que quiere, la legisladora ensenadense Rocío López Gorosave también pretende corregir pecados recientes -como votar a favor de la Ley del Agua- al solicitar que se reformen los artículos 12 de la Constitución Política del Estado y 2 de la Ley de Participación ciudadana del Estado, para que la revocación de mandato de los servidores públicos de elección popular sea a través de los ciudadanos mediante mecanismos de participación directa.
López Gorosave también propuso la adición de un nuevo capítulo en la Constitución, para la celebración de una segunda vuelta electoral, y en ese sentido apuntó: "la Ley electoral establecerá los mecanismos para la segunda vuelta electoral en la elección a gobernador cuando este no consiga el 50% más uno, dentro de la jornada electoral ordinaria y la diferencia sea menor al 7% de la preferencia electoral”.
Lo cierto es que diputados de otras fuerzas políticas coinciden en estas propuestas, pero todo queda en el discurso mediático, porque tales iniciativas son congeladas en comisiones.
Suman 781 mdp en multas
Del 4 de abril de 2014, fecha en que fue conformado el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), al 31 de diciembre de 2016 el árbitro electoral ha impuesto a partidos políticos nacionales y personas físicas y morales mil 109 multas por un monto de al menos 781 millones de pesos.
El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presentó ante el consejo general un informe donde detalló que la Tesorería de la Federación ha sido enterada de 523 de los 781 millones de pesos en multas.
"(Los montos de sanciones y de fiscalización) no corresponden con los montos enterados a la Tesorería, pues cada sanción se encuentra en un estado diferente: cobrada, impugnada, en elaboración.
"Por ello debe tomarse en cuenta que existe un desfase temporal inherente al procesamiento de las sanciones, debido a que su cobro debe realizarse un mes después de que han quedado firmes”, explicó.
Jacobo Molina explicó que las multas impuestas a personas físicas y morales que han sido pagadas no se consideran en el monto total reportado en el informe.
"Debido a que éstas se pagan directamente a la Tesorería y en ningún momento pasan por el control del Instituto Nacional Electoral”, apuntó.
Los montos de las multas se orientan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)… mmmmmm, ¡entonces sí debería haber suficiente dinero para fomentar la ciencia y la investigación!
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