EL MUNDO
Investigan detenciones de civiles por militares
AP
Caracas, Venezuela
La fiscal general de Venezuela abrió el miércoles siete investigaciones por los civiles detenidos que son juzgados por tribunales militares en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias que señalan al gobierno de violar tratados internacionales y la constitución.
Luisa Ortega Díaz dio un nuevo paso en su distanciamiento del gobierno al objetar los procesos militares, que aseguró que van en contra de la constitución, y cuestionar las acciones de las fuerzas de seguridad en el control de las protestas.
El presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno han defendido los procesos militares contra civiles y las actuaciones de la policía y la Guardia Nacional, y han acusado a la oposición de asesinar algunos manifestantes para alentar las protestas.
En una conferencia de prensa, Ortega Díaz reveló que el universitario Juan Pernalete murió por un disparo de una bomba lacrimógena que lanzó un guardia nacional, lo que anuló la versión del gobierno que acusó a manifestantes opositores de asesinar al joven con una pistola de perno. El universitario, de 20 años, murió el pasado 27 de abril tras sufrir una herida por un disparo que recibió en el pecho durante una protesta en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, en el este de la capital.
La fiscal manifestó preocupación por los más de 500 casos de civiles heridos por la acción de las fuerzas de seguridad y exhortó a los altos mandos militares a que mantengan un control y seguimiento de los funcionarios que actúan en la contención de las protestas.
El Ministerio Público imputó a 19 policías y militares por los delitos de homicidio, trato cruel e inhumano, uso indebido del arma, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en el marco de las protestas de los últimos dos meses.
Horas después, en una declaración televisada, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, expresó su inconformidad con el desempeño de la Fiscalía durante las protestas, afirmando que ha propiciado "un clima de impunidad”, particularmente al desestimar "todas las actuaciones policiales” en algunos casos pese a que las capturas de sospechosos se registraron en el momento de estarse cometiendo un delito.
Reverol, sin dar detalles, comentó que la Fiscalía "no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia” en algunos casos y ha llegado incluso a "precalificar hechos de suma gravedad, colocando en tela de juicio el prestigio de honorables instituciones como es la Fuerza Armada”. La verdad sobre los hechos "se impondrá en los tribunales”.
Ortega Díaz se distanció a fines de marzo del gobierno al rechazar dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y denunciar que en el país se había producido una ruptura del orden constitucional.
Mientras tanto, varios miles de opositores marcharon el miércoles por el este de Caracas en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral de posponer hasta fin de año la elección de gobernadores y acelerar el proceso constituyente promovido por Maduro.
Cientos de policías con equipos antimotines bloquearon el paso a los manifestantes cuando intentaban avanzar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral, en el centro de Caracas.
Un grupo de manifestantes tomó la principal autopista de la capital y fue reprimido por guardias nacionales que les lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y potentes chorros de agua desde un camión cisterna.
La Sala Constitucional del máximo tribunal del país ordenó el miércoles a los alcaldes de ocho municipios de la región capital, y los estados Miranda y Mérida tomar acciones para evitar que los manifestantes coloquen barricadas en las calles y alteren el orden público. La decisión afecta a los municipios capitalinos de Chacao, Baruta y el Hatillo que han sido epicentro de las protestas en los últimos dos meses.
Durante las protestas del 2014, el Tribunal Supremo tomó una medida similar contra dos alcaldes de los estados Carabobo y Táchira que fueron detenidos y destituidos de sus cargos alegando que desacataron la orden de levantar las barricadas.
El mandatario entregó el martes a las autoridades electorales las bases para la elección de los 540 miembros de la Asamblea Constituyente por territorios y sectores, proceso que según juristas y opositores viola el precepto constitucional que obliga a elecciones universales, directas y secretas.
El Consejo, señalado de estar controlado por el gobierno, aprobó en horas la propuesta de Maduro y anunció que en julio se realizarán las elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente que se encargarán de redactar la nueva carta magna que reemplazará a la que está vigente desde 1999.
El gobierno avanza en el proyecto en un contexto de creciente tensión política ante la multiplicación de las protestas que en los últimos dos meses han dejado al menos 55 muertos, unos mil heridos y 284 detenidos.
Caracas, Venezuela
La fiscal general de Venezuela abrió el miércoles siete investigaciones por los civiles detenidos que son juzgados por tribunales militares en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias que señalan al gobierno de violar tratados internacionales y la constitución.
Luisa Ortega Díaz dio un nuevo paso en su distanciamiento del gobierno al objetar los procesos militares, que aseguró que van en contra de la constitución, y cuestionar las acciones de las fuerzas de seguridad en el control de las protestas.
El presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno han defendido los procesos militares contra civiles y las actuaciones de la policía y la Guardia Nacional, y han acusado a la oposición de asesinar algunos manifestantes para alentar las protestas.
En una conferencia de prensa, Ortega Díaz reveló que el universitario Juan Pernalete murió por un disparo de una bomba lacrimógena que lanzó un guardia nacional, lo que anuló la versión del gobierno que acusó a manifestantes opositores de asesinar al joven con una pistola de perno. El universitario, de 20 años, murió el pasado 27 de abril tras sufrir una herida por un disparo que recibió en el pecho durante una protesta en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, en el este de la capital.
La fiscal manifestó preocupación por los más de 500 casos de civiles heridos por la acción de las fuerzas de seguridad y exhortó a los altos mandos militares a que mantengan un control y seguimiento de los funcionarios que actúan en la contención de las protestas.
El Ministerio Público imputó a 19 policías y militares por los delitos de homicidio, trato cruel e inhumano, uso indebido del arma, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en el marco de las protestas de los últimos dos meses.
Horas después, en una declaración televisada, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, expresó su inconformidad con el desempeño de la Fiscalía durante las protestas, afirmando que ha propiciado "un clima de impunidad”, particularmente al desestimar "todas las actuaciones policiales” en algunos casos pese a que las capturas de sospechosos se registraron en el momento de estarse cometiendo un delito.
Reverol, sin dar detalles, comentó que la Fiscalía "no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia” en algunos casos y ha llegado incluso a "precalificar hechos de suma gravedad, colocando en tela de juicio el prestigio de honorables instituciones como es la Fuerza Armada”. La verdad sobre los hechos "se impondrá en los tribunales”.
Ortega Díaz se distanció a fines de marzo del gobierno al rechazar dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y denunciar que en el país se había producido una ruptura del orden constitucional.
Mientras tanto, varios miles de opositores marcharon el miércoles por el este de Caracas en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral de posponer hasta fin de año la elección de gobernadores y acelerar el proceso constituyente promovido por Maduro.
Cientos de policías con equipos antimotines bloquearon el paso a los manifestantes cuando intentaban avanzar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral, en el centro de Caracas.
Un grupo de manifestantes tomó la principal autopista de la capital y fue reprimido por guardias nacionales que les lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y potentes chorros de agua desde un camión cisterna.
La Sala Constitucional del máximo tribunal del país ordenó el miércoles a los alcaldes de ocho municipios de la región capital, y los estados Miranda y Mérida tomar acciones para evitar que los manifestantes coloquen barricadas en las calles y alteren el orden público. La decisión afecta a los municipios capitalinos de Chacao, Baruta y el Hatillo que han sido epicentro de las protestas en los últimos dos meses.
Durante las protestas del 2014, el Tribunal Supremo tomó una medida similar contra dos alcaldes de los estados Carabobo y Táchira que fueron detenidos y destituidos de sus cargos alegando que desacataron la orden de levantar las barricadas.
El mandatario entregó el martes a las autoridades electorales las bases para la elección de los 540 miembros de la Asamblea Constituyente por territorios y sectores, proceso que según juristas y opositores viola el precepto constitucional que obliga a elecciones universales, directas y secretas.
El Consejo, señalado de estar controlado por el gobierno, aprobó en horas la propuesta de Maduro y anunció que en julio se realizarán las elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente que se encargarán de redactar la nueva carta magna que reemplazará a la que está vigente desde 1999.
El gobierno avanza en el proyecto en un contexto de creciente tensión política ante la multiplicación de las protestas que en los últimos dos meses han dejado al menos 55 muertos, unos mil heridos y 284 detenidos.
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