Piden defender a La Bufadora
Abogados que llevan el caso de diversos locatarios del centro comercial y turístico La Bufadora, solicitaron a los ensenadenses que los apoyen y acudan a defender el sitio el próximo jueves, para no permitir una privatización que podría generar cobro de peaje.
Eva Covarrubias Vázquez y Jorge Carrillo Maciel, representantes de la asociación civil Unidos por el Desarrollo de La Bufadora, lo mencionaron con motivo de la fecha para realizar el desalojo por parte del XXI Ayuntamiento, que es a las 10:00 horas del próximo jueves 18 de septiembre.
"Hacemos un llamado a los ensenadenses para que apoyen y acudan a La Bufadora para unirse, defender la causa, no permitir la privatización, que llegue (el caso) hasta el Tribunal de Alzada, y se tenga a bien la impartición de justicia”, refirieron en un pronunciamiento enviado a El Vigía.
Los abogados también sugirieron la necesidad de realizar una consulta pública, para que las personas opinen sobre el tema de "No a la privatización” y siempre cuenten con un acceso libre al fenómeno natural.
Recuerdan posibilidad legal
En el texto, Covarrubias Vázquez afirmó que existe una causa legítima y justificada para que no sea ejecutada la sentencia de amparo 666/2010.
"También reiteramos que en aras de la legalidad y del cumplimiento del Estado de Derecho, se debe buscar la forma en que se satisfaga y respete esa sentencia. La única vía es el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo (previsto en la ley), artículo 204 y 205, fracción I, de la Ley de Amparo.
"Este se da cuando la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso. En el caso concreto afectaría gravemente a la sociedad”, comentó.
Los abogados aseguraron que existe jurisprudencia en la que la Suprema Corte da la oportunidad a la autoridad de demostrar la imposibilidad de su cumplimiento, además de que no viola el artículo 105 de la Ley de Amparo.
"Pues si de las constancias de autos se desprende que la misma (ley) afirma que existe la imposibilidad para el cumplimiento de la sentencia protectora, y expone las razones por las cuales llega a esa conclusión. Resulta necesario que, mediante acuerdo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, en forma previa a la imposición de las citadas sanciones.
"Dichos asertos se prueben por la autoridad, dado que si se demostrara la imposibilidad material o jurídica del cumplimiento, el Tribunal Pleno no podría ordenar la separación o consignación de la autoridad, pues que no habría desacato o contumacia, sino una imposibilidad material o jurídica para el mismo”, abundó.
Covarrubias Vázquez y Carrillo Maciel enfatizaron que La Bufadora es punto de referencia, icono, patrimonio natural de la Humanidad y de los bajacalifornianos, por lo que afectará gravemente a los locatarios que están antes del ejido.
"La superficie que estaba en litigio en el amparo, lo fue el derecho de vía de la carretera Maneadero-La Bufadora en la zona concesionada al fideicomiso para el desarrollo de La Bufadora, esto es, la zona donde se ubican todos los locales comerciales que se encuentran a ambos lados de la carretera en la entrada...
"Luego entonces, al ser una carretera, se trata de un bien de dominio público de la Federación (Estado) y los bienes de esa categoría, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no son susceptibles de apropiación por particulares, así lo rige la ley y la jurisprudencia, razón aún mas (para) que al Municipio se le imposibilita tal fallo a ejecutar”, ahondaron.
Señalaron que en caso de ejecutarse la sentencia, se estará "privatizando el acceso” al lugar.
"Y se estará privatizando una vía de comunicación pública, lo que genera la posibilidad de que los propietarios de dicho acceso cobren peaje, lo cual no puede ni debe ser”, según concluyeron.
Eva Covarrubias Vázquez y Jorge Carrillo Maciel, representantes de la asociación civil Unidos por el Desarrollo de La Bufadora, lo mencionaron con motivo de la fecha para realizar el desalojo por parte del XXI Ayuntamiento, que es a las 10:00 horas del próximo jueves 18 de septiembre.
"Hacemos un llamado a los ensenadenses para que apoyen y acudan a La Bufadora para unirse, defender la causa, no permitir la privatización, que llegue (el caso) hasta el Tribunal de Alzada, y se tenga a bien la impartición de justicia”, refirieron en un pronunciamiento enviado a El Vigía.
Los abogados también sugirieron la necesidad de realizar una consulta pública, para que las personas opinen sobre el tema de "No a la privatización” y siempre cuenten con un acceso libre al fenómeno natural.
Recuerdan posibilidad legal
En el texto, Covarrubias Vázquez afirmó que existe una causa legítima y justificada para que no sea ejecutada la sentencia de amparo 666/2010.
"También reiteramos que en aras de la legalidad y del cumplimiento del Estado de Derecho, se debe buscar la forma en que se satisfaga y respete esa sentencia. La única vía es el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo (previsto en la ley), artículo 204 y 205, fracción I, de la Ley de Amparo.
"Este se da cuando la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso. En el caso concreto afectaría gravemente a la sociedad”, comentó.
Los abogados aseguraron que existe jurisprudencia en la que la Suprema Corte da la oportunidad a la autoridad de demostrar la imposibilidad de su cumplimiento, además de que no viola el artículo 105 de la Ley de Amparo.
"Pues si de las constancias de autos se desprende que la misma (ley) afirma que existe la imposibilidad para el cumplimiento de la sentencia protectora, y expone las razones por las cuales llega a esa conclusión. Resulta necesario que, mediante acuerdo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, en forma previa a la imposición de las citadas sanciones.
"Dichos asertos se prueben por la autoridad, dado que si se demostrara la imposibilidad material o jurídica del cumplimiento, el Tribunal Pleno no podría ordenar la separación o consignación de la autoridad, pues que no habría desacato o contumacia, sino una imposibilidad material o jurídica para el mismo”, abundó.
Covarrubias Vázquez y Carrillo Maciel enfatizaron que La Bufadora es punto de referencia, icono, patrimonio natural de la Humanidad y de los bajacalifornianos, por lo que afectará gravemente a los locatarios que están antes del ejido.
"La superficie que estaba en litigio en el amparo, lo fue el derecho de vía de la carretera Maneadero-La Bufadora en la zona concesionada al fideicomiso para el desarrollo de La Bufadora, esto es, la zona donde se ubican todos los locales comerciales que se encuentran a ambos lados de la carretera en la entrada...
"Luego entonces, al ser una carretera, se trata de un bien de dominio público de la Federación (Estado) y los bienes de esa categoría, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no son susceptibles de apropiación por particulares, así lo rige la ley y la jurisprudencia, razón aún mas (para) que al Municipio se le imposibilita tal fallo a ejecutar”, ahondaron.
Señalaron que en caso de ejecutarse la sentencia, se estará "privatizando el acceso” al lugar.
"Y se estará privatizando una vía de comunicación pública, lo que genera la posibilidad de que los propietarios de dicho acceso cobren peaje, lo cual no puede ni debe ser”, según concluyeron.
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