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Analizan estado de conflicto limítrofe

sábado, 5 de septiembre de 2015 · 00:00
Ensenada, B. C. - Para analizar el estado que guarda la Controversia Territorial, el diputado local, Armando Reyes Ledesma, se reunió ayer por la mañana con los miembros del Grupo Interdisciplinario de Trabajo para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT) quienes desde hace 8 años han estudiado y colaborado con las autoridades municipales en este asunto.

En la sesión se concluyó que deberá ser el Congreso del Estado quienes deberán de resolver el conflicto territorial existente entre Ensenada y Playas de Rosarito.

En la reunión se tomó en cuenta que el origen del conflicto es la información técnica equivocada que en 1995 le proporcionó la Sahope, ahora Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue) al congreso del estado para que los legisladores emitieran el decreto que creaba el quinto municipio. 

Que en 1995 la Sahope/Sidue le informó al Congreso que la superficie repartible entre el nuevo municipio de Playas de Rosarito y Tijuana era de mil 762 kilómetros (km2), no obstante que la ley establecía que la superficie del municipio de Tijuana era de únicamente mil 584 km2.

Votará por Ensenada
Durante el encuentro de trabajo y al ser cuestionado por los integrantes del GIT de que si al votarse la decisión final de la Controversia Territorial, Armando Reyes Ledesma -como representante de este Municipio- votará a favor de Ensenada, el legislador contestó que va a votar a favor de Ensenada por convicción jurídica, no por razones localistas ni políticas. 

Reyes Ledesma expuso que está consciente que en este conflicto la postura de Ensenada está apegada a la ley y que también está consciente que ni él ni ningún diputado, puede ni debe emitir su voto basado en localismos o intereses políticos.

"Los 25 diputados bajacalifornianos, al igual que todos los funcionarios federales, estatales y municipales, están obligados a actuar conforme al principio de legalidad contenido en la Constitución, el cual ordena que las autoridades no pueden actuar conforme a su arbitrio, sino que su actuación siempre debe estar apegada y sujeta a lo que manda la ley”, finalizó.


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