Transparencia en retroceso (Segunda parte)

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Más de 21 millones de pesos y un año de trabajo fueron los recursos que el INAI invirtió en el desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia, un nuevo sistema de acceso a la información pública que no funciona

TECNOLOGÍA MEDIOCRE

El 8 de junio pasado, 10 organizaciones civiles y ocho expertos en tecnología cívica y transparencia enviaron una carta abierta al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en la que califican la Plataforma como "tecnología mediocre”.

 

Juan Manuel Casanueva, director ejecutivo de SocialTIC, una organización civil enfocada en la promoción del uso de tecnologías por grupos sociales, indica que, como resultado del análisis realizado por los especialistas, se detectaron problemas de diseño, usabilidad y accesibilidad.

 

"La combinación de estos elementos harían que un usuario vea a esa Plataforma como intuitiva, que la entienda a la primera, y eso es algo que no pasa con esta herramienta”, señala.

 

Casanueva señala que, entre los errores detectados se encuentran la existencia de elementos innecesarios en la página web -como el rehilete del centro-, la falta de explicaciones de conceptos básicos como "sujeto obligado” y su diseño poco atractivo.

 

Los especialistas, agrega, también externaron su preocupación por el hecho de que es imposible saber si la información del sistema anterior migró completa y en orden a la Plataforma, si ésta es un producto sólido en términos de seguridad y desempeño y si sus fallas son resultado de problemas serios de programación.

 

Casanueva advierte que la nueva herramienta electrónica no justifica los recursos humanos y económicos que le fueron invertidos, y critica que un proyecto que tiene como objetivo garantizar el acceso a la información pública resultara tan opaco en su desarrollo.

 

"Lo que sí nos llama la atención es que, para ese precio, sea quien sea quien haya hecho el proyecto, el resultado debió ser impecable, y no lo es, dejan mucho que desear las empresas que estuvieron involucradas. Y sí necesitamos saber, a nivel de rendición de cuentas, cómo es que se gastó ese presupuesto, por qué se asignaron a esas empresas y cómo fue el proceso de revisión de cada una de las etapas”, sostiene.

 

El 31 de mayo pasado, el comisionado Guerra Ford aseguró que a más tardar en dos meses serían resueltas las fallas del nuevo sistema de transparencia.

 

Al respecto, Paulina Bustos, directora de Operaciones de Cívica Digital, cuestiona: "¿quién lo va a hacer? Si lo va a hacer la misma empresa que lo hizo mal, ¿qué garantiza que lo va a hacer bien ahora?”.

 

Cívica Digital desarrolló un prototipo que replantea aspectos básicos de la Plataforma; en sólo 16 horas, con el trabajo e ingenio de ocho expertos.

 

"Rediseñamos la página de inicio, la página de hacer solicitudes que es súper importante que sea intuitiva, y la página de sujetos obligados”, detalla.

 

En la carta enviada al INAI, las organizaciones firmantes solicitaron una cita para presentar el prototipo, exponer sus preocupaciones y sugerencias y solicitar formalmente la apertura del código de la herramienta a fin de que sea probada por expertos independientes.

 En su repuesta, emitida dos días después, el INAI manifestó su disposición a escuchar y atender cada una de las preocupaciones de los firmantes, y los citó a una reunión que se llevó a cabo el 22 de junio. En ésta, acordaron dar seguimiento conjunto a las correcciones que hagan los desarrolladores de la Plataforma.

DESALIENTO CIUDADANO

La ex comisionada presidenta del IFAI (hoy INAI), Jacqueline Peschard, advierte que las fallas de la Plataforma pueden inhibir el ejercicio del derecho al acceso a la información, pues desaniman a los ciudadanos a realizar solicitudes y a darles seguimiento hasta su resolución final.

 

"Las dependencias que tienen más que ver con servicios a la ciudadanía, ésas son las que deberían estar mucho más accesibles, para saber sobre escuelas, servicios públicos y urbanos para la ciudad; si no lo están, no se está logrando cumplir con la obligación de la autoridad, que es facilitar el acceso”, sostiene.

 

Peschard indica que los errores del nuevo sistema también impiden avanzar en la homologación de las obligaciones de transparencia.

 

"Tampoco ayuda a que los distintos sujetos obligados realmente puedan ponerse en un piso de igualdad frente a la obligación que tienen de transparentar su información”, agrega.

 La especialista en transparencia reconoce que lograr que la ciudadanía asumiera y ejerciera su derecho al acceso a la información fue un proceso largo y difícil. Por ello, lamenta que la Plataforma se pusiera en marcha sin garantizar su adecuado funcionamiento.

INAI CULPA A LAS EMPRESAS

El comisionado del INAI Óscar Guerra Ford, responsable del proyecto de desarrollo de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, asegura que las fallas registradas son imputables a las empresas contratadas para su desarrollo.

 

"Estas fallas son atribuibles a la empresa en su entrega, y por eso los contratos traen, como cualquier cosa que compramos, una cosa que se llama garantía. La garantía es de seis meses, termina el 30 de junio y, con base en esta garantía, la empresa reconoce este tipo de fallas... ‘incidencia’, le dicen ellos”, sostiene.

 

La Plataforma fue desarrollada por las empresas Intellego, Dotted Cloud e IDS Comercial, en dos etapas, con un costo cercano a los 20 millones de pesos.

 

Guerra Ford admite que la nueva Plataforma registró entre 60 y 70 errores, muchos de los cuales fueron resultado del poco tiempo que se destinó a su desarrollo.

 

"¿Dónde está la culpa? Bueno, que la ley sale en mayo, nos da un año, el proceso se asigna a la empresa en septiembre, hace un trabajo en seis meses que tiene muchas fallas, se empiezan a corregir todas. En mayo nos dice: ‘ya está funcionando de lujo, lo de los estados lo subimos en cualquier momento’, vemos el caso de Sonora que funciona en ese momento... pero empiezan a salir otras fallas”, narra el comisionado.

 

Según Guerra Ford, las empresas desarrolladoras tampoco dimensionaron adecuadamente el proyecto, lo que generó que no previeran las fallas que se podían presentar.

 

"Nosotros tenemos imposibilidad o es muy difícil hacer un contrato multianual. Entonces, de septiembre a diciembre, nos dicen que se pueden echar el paquetito y en enero nos entregan los productos y no ‘pues que te falta esto’ y, como está la garantía, no hay problema, y se va corrigiendo, como prueba y error”, continúa en su relato.

 

El comisionado reconoce que no se realizaron pruebas piloto con los organismos garantes estatales para verificar el adecuado funcionamiento del nuevo sistema, lo que redujo la posibilidad de detectar y corregir errores antes de su puesta en marcha.

 

Y prosigue: "en enero, nos comienzan a presentar algunos productos entregables, como se les llama, y los empezamos a revisar, se hacen pruebas, pero pruebas de laboratorio de que si haces una solicitud, llega una respuesta”.

 

Pero, finalmente, el sistema falló.

 

En las próximas semanas, las empresas desarrolladoras realizarán pruebas piloto de las soluciones que están proponiendo. En ellas, según el comisionado, estarán involucradas organizaciones civiles que promueven el ejercicio del derecho al acceso a la información, que firmaron la carta abierta enviada al INAI el 8 de junio pasado, denunciando los errores de la nueva Plataforma.

 

En esas pruebas se realizarán solicitudes de información e interpondrán recursos de revisión, a fin de verificar que esta función sea corregida correctamente. Para ello, el INAI estableció acuerdos con los órganos garantes locales a fin de que los ejercicios puedan llevarse a cabo a más tardar en una semana.

 

Las organizaciones evaluarán el desarrollo tecnológico de las correcciones hechas por las empresas.

 

Guerra Ford asegura que, luego de poner en marcha la Plataforma, el INAI iniciará un proceso de deslinde de responsabilidades. Además, solicitará a la Auditoría Superior de la Federación la aplicación de una auditoría al proyecto como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2015.

 

"Al contralor de este Instituto lo pone la Cámara de Diputados, no nos lo ha puesto y le hemos urgido varias veces a que lo haga. De todos modos, hay un encargado de despacho, él tendrá que iniciar el proceso de deslinde de responsabilidades. ¿Se va a iniciar ahorita? No queremos distraer a la empresa ni distraer a nadie, se va a iniciar cuando esté funcionando, en un mes”, indica.

 

La garantía del contrato de la Plataforma vence el 30 de junio, pero las empresas pueden destinar otros tres meses al desarrollo de soluciones en caso de que las que presente en próximos días no resulten satisfactorias.

 Si para el mes de septiembre las fallas siguen presentándose, el INAI podrá haría efectivo el cobro de la fianza, la cual podría ser por la totalidad del contrato.

CIUDADANOS CULPAN AL INAI

Un ciudadano acusó ante un juzgado federal al Sistema Nacional de Transparencia de violar su derecho de acceso a la información, debido a la inoperatividad de la Plataforma Nacional de Transparencia, que no le permite formular solicitudes de información.

 

La demanda de amparo fue interpuesta ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil del estado de Puebla, por un particular que argumentó que, al no funcionar la Plataforma, se incumple con varios preceptos constitucionales y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

El demandante, identificado como Eduardo Lima Estrada, señaló que el Sistema y el INAI están violando el artículo 52 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que dichas autoridades deben garantizar la estabilidad y seguridad de la Plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas por parte de los usuarios.

 

El 15 de mayo pasado, Lima Estrada intentó formular una solicitud de información vía la Plataforma, sin embargo, por errores de ésta, no pudo ejercer su derecho de acceso a la información, además de que también se conculcó su derecho de libertad de expresión, ya que éste implica la posibilidad de buscar, recibir y difundir ideas de toda índole.

 

"La imposibilidad de envío de solicitud de información a través de la misma vulnera mi derecho de libertad de expresión, ya que se obstaculiza sin motivo la búsqueda de información, en este caso, información pública, y en consecuencia no me permite gozar a plenitud de mi derecho humano de libertad de expresión”, argumentó.

 La Plataforma Nacional de Transparencia debería ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de formular solicitudes de información a cualquier autoridad del país, sin importar el nivel de gobierno ni el poder al que pertenezca, desde un mismo sitio.

El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, responsable del proyecto de desarrollo de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, reconoce que no se realizaron pruebas piloto con los organismos garantes estatales para verificar el adecuado funcionamiento del nuevo sistema