México sin Paz

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Enrique Peña Nieto llegará a su Cuarto Informe de Gobierno sin lograr el México en Paz que fijó como primer objetivo de su administración, y con el nivel más alto de asesinatos en su sexenio.

Además de los homicidios dolosos, en el territorio nacional repuntan los secuestros y las extorsiones. Los tres delitos que más lastiman a la población y que fueron señalados en el Pacto por México como el foco de los esfuerzos del Estado mexicano.

Especialistas en seguridad advierten, con base en las cifras del Inegi, que el número de homicidios en la administración de Peña Nieto rebasará la cifra de 121 mil 923 víctimas registradas durante el sexenio de Felipe Calderón, quien declaró la "guerra antinarco”.

De acuerdo con el más reciente conteo de Inegi, basado en las actas de defunción, en los primeros tres años del sexenio 62 mil 926 personas fueron asesinadas: 20 mil 525, en 2015; 20 mil 10 en 2014; y 23 mil 63 en el año anterior. Cada día, 57 homicidios dolosos.

El Inegi hará públicos los datos del presente año hasta 2017, pero el repunte de la violencia ya se refleja en los reportes de las Procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que el número de víctimas por homicidios dolosos, en julio, rebasó por primera vez los 2 millares (2 mil 73), desde 2014, cuando el gobierno federal comenzó a publicar este dato.

Al margen del número de víctimas implicadas en cada caso, las averiguaciones previas por homicidios dolosos sumaron en el mes pasado mil 842, cifra similar a la de septiembre de 2012, en el final del sexenio de Calderón.

La suma de ese registro, entre enero y julio, representa un crecimiento del 14.6 por ciento respecto al mismo lapso de 2015, y de 17.2 por ciento en referencia a 2014.

Respecto a las víctimas por secuestro y extorsión, el aumento es constante: de enero a julio los secuestros crecieron de 78 a 105, y las extorsiones, de 382 a 505.

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Para hacer frente al crimen organizado, la administración de Peña Nieto continuó con una de las principales estrategias implementadas por su antecesor: "la desarticulación” de cárteles a través de la captura de sus líderes.

De una lista de 122 "objetivos prioritarios” del actual gobierno federal, las fuerzas de seguridad han detenido o asesinado a 100, hasta la segunda semana de agosto.

La PGR hizo pública la lista con los 95 objetivos alcanzados hasta abril de este año, en la que destaca la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, del Cártel del Pacífico.

También del Cártel del Pacífico, aparecen Serafín Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los dos únicos "prófugos” en la lista identificado públicamente por la PGR. El otro "prófugo” conocido es Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El número de líderes neutralizados se refleja en la presencia de las organizaciones delictivas en el territorio nacional. En la lista preliminar de objetivos encarcelados predominan los integrantes de Los Zetas (26) y el Cártel Poniente (17), con presencia principal en la zona de La Laguna.

Entre los "objetivos fallecidos”, destacan Enrique Plancarte y Nazario Moreno, cabezas de los Caballeros Templarios, abatidos en marzo de 2013.

Pero la detención por sí misma no siempre ha repercutido directamente en abatimiento de la violencia, que en ocasiones crece por las disputas para asumir el  mando del cártel descabezado.

En Michoacán, donde el gobierno federal implementó prácticamente un gobierno paralelo en 2014 y diluyó la presencia de los Caballeros Templarios, se ha extendido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Apenas el 21 de agosto pasado José Farías Álvarez, El Abuelo, fundador de las autodefensas y señalado por operar para el CJNG, fue baleado en la zona de Tierra Caliente.

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A diferencia de la administración calderonista, además de la coerción, el actual gobierno federal inició el combate a la violencia con la cultura como una herramienta.

Sin ser una apuesta prioritaria -su mayor ejercicio presupuestario apenas alcanzó el 0.1 por ciento del presupuesto de seguridad en el país- Cultura para la Armonía formó parte importante del discurso federal. El programa fue mostrado por las autoridades como un estandarte de una política de prevención de la violencia.

Para este cuarto año de gestión, sin embargo, ese enfoque ya está diluido.

En 2013, arrancó Cultura para la Armonía como un programa piloto para fortalecer el tejido social en zonas de riesgo de violencia.

Al año siguiente, Conaculta realizó y promovió alrededor de 3 mil actividades artísticas y culturales en los polígonos con mayores índices de delincuencia en el país, con base en lo señalado por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred).

Peña Nieto pidió en 2014 enfocar el programa en Michoacán, donde los grupos de autodefensa disputaban el control del territorio a los Caballeros Templarios.

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, impactó de forma indirecta en el programa, pues Roberto Campa Cifrián fue removido de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación -que se coordinaba con la Dirección de Culturas Populares para ejecutar el programa-, para ocupar la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Tras permanecer acéfala casi medio año, la dependencia fue ocupada en septiembre de 2015 por Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde que tuvo que renunciar por los señalamientos que pesaban sobre él como presunto delincuente electoral.

Alberto Begné, ex dirigente del partido Nueva Alianza, llegó este año como titular de la Subsecretaría de Prevención, pero Cultura para la Armonía nunca retomó el papel protagónico que se le asignó al inicio del sexenio.

Sus recursos descendieron, de 172.07 millones de pesos en 2015 (con Michoacán y Guerrero como entidades más beneficiadas), a 21.2 millones de pesos en el Presupuesto de 2016.

Rezago institucional

El analista Alejandro Hope explica que, al inicio del sexenio, se dio una caída en los niveles de violencia por factores locales que impactaron en el registro nacional, pero no porque se hayan hecho mejor las cosas.

"Ya no han aparecido nuevos milagros, como Ciudad Juárez, para mantener la tendencia hacia abajo”, advierte.

La percepción de menos violencia obedeció, además, a una reducción de masacres, como las ocurridas en el sexenio pasado, pero eso no implicaba que la violencia cotidiana hubiera cedido.

"La hipótesis del equipo de Peña Nieto al llegar al poder era que el problema de la violencia era fundamentalmente político. Es decir, que el gobierno de Calderón había antagonizado a los actores y tenía mala coordinación entre niveles de gobierno. El problema es que eso obvió el problema estructural de capacidades del sistema penal”, indica.

Hope observa más continuidad que cambios en el enfoque de seguridad entre la gestión de Calderón y la de Peña Nieto.

"La Policía Federal no ha crecido. En la Gendarmería básicamente movieron gente de un lado a otro. Tampoco mejoró en términos cualitativos. Es una administración que no le apostó al cambio institucional. Se ha perdido mucho tiempo en eso”, lamenta.

De acuerdo con datos oficiales, el número de elementos de la Policía Federal ha caído ligeramente. En 2012 había 38 mil 285 policías. Hasta abril de 2016, la corporación reportó 38 mil 31, ya con la supuesta incorporación de los 5 mil que formaron la División de Gendarmería.

Hope enfatiza que uno de los problemas de fondo en cómo se resuelven las crisis de seguridad es que la intervención federal en ciertos territorios no incentiva el desarrollo de capacidades locales.

"Quitar el tema de la violencia del discurso federal le quitó el sentido de urgencia. La violencia es demasiada como para sentirnos cómodos, pero no lo suficiente para generar una reacción vigorosa de las autoridades. Al sacar eso del discurso, se restó mucho al esfuerzo de las instituciones. Es un gobierno que apostó porque la reducción de las cifras era reducir la violencia. Pero ahora se le revierte ese enfoque”, destaca.

No hay estrategia

Guillermo Valdés Castellanos, especialista en seguridad y ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, indica que el repunte actual de la violencia revela la ausencia de una estrategia, lo cual era la principal crítica e los priistas a Calderón en el sexenio pasado.

"La caída no se debió a la nueva política. Venía derivada del agotamiento de conflictos, del éxito en algunos lugares donde se combatió con cierta eficacia. Esa inercia continuó con el gobierno de Peña Nieto”, afirma.

Lo grave, dice el ex funcionario, es que el gobierno federal no ha reconocido el problema; no ha dado explicaciones ni ha generado su propia estrategia.

"La crisis de este gobierno empieza en Ayotzinapa; van tres operativos en Guerrero, en distintas regiones, todos reactivos a la violencia. Primero es en Iguala y alrededores, luego Tierra Caliente y después en Acapulco. No hay un planteamiento integral para responder a mediano y largo plazo a la problemática”, ejemplifica.

En noviembre de 2014, después de la desaparición forzada de los normalistas, Peña Nieto presentó un decálogo para revertir la violencia.

Casi dos años después, las acciones se ejecutan a cuentagotas: el número de emergencias 911 estará listo este mes, pero sólo en la mitad de las entidades.

La reforma para aprobar policías estatales únicas fue aprobada en el Senado, pero se encuentra atorada en la Cámara de Diputados.

Las reformas anticorrupción acaban de ser aprobadas, pero se empezarán a implementar hasta 2017.

La Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en los municipios no se ha aprobado, ni se ha creado la clave única de identidad ciudadana, y las reformas en materia penal y de acceso a la justicia se ejecutan lentamente.

Según Valdés, el error fue que el tema perdiera su prioridad en la agenda gubernamental.

"Tenemos seis años perdidos, por falta de fortalecimiento institucional. En un principio se quiso bajarle el decibel mediático al tema, pero se confundió en bajarle también la prioridad política”, lamenta.