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Solicitan denunciar desvío de recursos
Los integrantes del GIT piden se interponga el recurso penal por el presunto pago de 12.5 mdp a un despacho jurídico
Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.
Integrantes del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT), solicitaron denunciar penalmente el desvío de 12.5 millones de pesos pagados al despacho jurídico Menchaca, Pérez y Asociados, para supuestamente llevar el caso del conflicto territorial con Playas de Rosarito.
Alfonso García Quiñones, integrante del GIT, envió a El Vigía una carta en la que detalla que los trabajos jurídicos y técnicos que presuntamente realizó dicho despacho de abogados, lo hicieron en forma gratuita los miembros del GIT.
"Si el contrato que se hizo con dicho despacho se firmó el 30 de julio de 2015, para esa fecha el GIT había hecho esos trabajos para lo que se dice se contrató a esos abogados”, señaló García Quiñones.
"El análisis que llevó a cabo el GIT está contenido en la Controversia Territorial que en noviembre del 2011 siendo presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, se presentó ante la XX Legisladrua. Controversia que fue materia del dictamen emitido en septiembre de 2013 por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales”, indica en su escrito el representante del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio.
Asimismo García Quiñones estableció los siguientes puntos: "Para cuando Gilberto Hirata y Jaime González Agúndez celebraron el contrato con Menchaca, Pérez y Asociados, y para cuando pagaron esos 12.5 millones de pesos, el análisis solicitado a esos abogados era innecesario, además de extemporáneo”.
Desconocían contrato
El GIT que estuvo atento y revisó todos los documentos relativos al conflicto territorial no conoció análisis jurídico o técnico diferente al que elaboró el propio Grupo Interdisciplinario para la Defensa Territorial.
Tampoco -señaló- se les informó o se tuvo conocimiento de que algún despacho hubiera elaborado algún trabajo de ese tipo.
Ningún integrante del GIT recibió o ha recibido dinero por parte del Ayuntamiento de Ensenada, en torno a los trabajos efectuados en ese tema, puntualizó.
Por ello, dijo García Quiñones, además del manejo irregular que administrativamente pudiera haber de esos fondos públicos deberá denunciarse si se pagó a un despacho de abogados por un trabajo no realizado.
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.
Integrantes del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT), solicitaron denunciar penalmente el desvío de 12.5 millones de pesos pagados al despacho jurídico Menchaca, Pérez y Asociados, para supuestamente llevar el caso del conflicto territorial con Playas de Rosarito.
Alfonso García Quiñones, integrante del GIT, envió a El Vigía una carta en la que detalla que los trabajos jurídicos y técnicos que presuntamente realizó dicho despacho de abogados, lo hicieron en forma gratuita los miembros del GIT.
"Si el contrato que se hizo con dicho despacho se firmó el 30 de julio de 2015, para esa fecha el GIT había hecho esos trabajos para lo que se dice se contrató a esos abogados”, señaló García Quiñones.
"El análisis que llevó a cabo el GIT está contenido en la Controversia Territorial que en noviembre del 2011 siendo presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, se presentó ante la XX Legisladrua. Controversia que fue materia del dictamen emitido en septiembre de 2013 por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales”, indica en su escrito el representante del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio.
Asimismo García Quiñones estableció los siguientes puntos: "Para cuando Gilberto Hirata y Jaime González Agúndez celebraron el contrato con Menchaca, Pérez y Asociados, y para cuando pagaron esos 12.5 millones de pesos, el análisis solicitado a esos abogados era innecesario, además de extemporáneo”.
Desconocían contrato
El GIT que estuvo atento y revisó todos los documentos relativos al conflicto territorial no conoció análisis jurídico o técnico diferente al que elaboró el propio Grupo Interdisciplinario para la Defensa Territorial.
Tampoco -señaló- se les informó o se tuvo conocimiento de que algún despacho hubiera elaborado algún trabajo de ese tipo.
Ningún integrante del GIT recibió o ha recibido dinero por parte del Ayuntamiento de Ensenada, en torno a los trabajos efectuados en ese tema, puntualizó.
Por ello, dijo García Quiñones, además del manejo irregular que administrativamente pudiera haber de esos fondos públicos deberá denunciarse si se pagó a un despacho de abogados por un trabajo no realizado.
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