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Rechazan abogados iniciativa de reforma
Están en contra que se impida la ratificación de los contratos privados de compra-venta de inmuebles ante el RPPC.
Luis Miguel Ramírez/EL VIGÍA
lramirez@elvigia.net | Ensenada, B. C.
Presidentes de asociaciones, colegios y barras de abogados en Ensenada, se manifestaron en contra de la iniciativa de reforma que impediría la ratificación de los contratos privados de compra-venta de inmuebles, ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC).
Se trata del dictamen número 1, emitido el 3 de noviembre de 2016 por el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, con el cual pretende dar poder a los notarios públicos, para que únicamente ellos puedan celebrar ese tipo de trámites.
Agremiados que acudieron a El Vigía, coincidieron que esto representaría un perjuicio a la economía de las personas con menor poder adquisitivo, violentándose sus derechos, para beneficiar a los notarios, los cuales son elegidos por el mismo mandatario estatal.
El gobernador argumenta que mediante el contrato y la documentación anexada ante el Registro Público, no hay certeza jurídica entre los adquirientes, produciéndose litigios o procedimientos ante los tribunales. Se evaden impuestos y justifica que el arancel de notario no puede ser muy alto.
José Ángel Bustamante Arvizu, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, aseguró que esas premisas son subjetivas, porque el RPPC tiene fe pública, la cual sustenta con el análisis de los contratos y de ser válidos, procede a su inscripción.
Se exige el deslinde certificado de catastro, asimismo verifica que hayan sido cubiertos los impuestos federales, como el Impuesto Sobre la Renta , y el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, el cual también es corroborado por Recaudación de Rentas Municipal.
Buena voluntad
Por otra parte, el arancel sólo es una referencia, en caso de no ser costeable una escritura pública, el notario cobra más o lo justo, esto depende de su buena voluntad para sujetarse. Tampoco hay estadística que justifique los litigios por inseguridad jurídica.
"Queremos que no se cuestione el derecho inalienable de las personas, porque es privado, el gobierno no puede entrometerse en la voluntad de los particulares, porque sería restrictivo o caótico”, aseveró Salvador Jiménez Quezada, director jurídico de la Barra Interamericana de Derechos Humanos.
En representación del Colegio de Abogados Independientes, Héctor Moreno Neri manifestó que las instituciones públicas merecen respeto y no se les deben quitar sus facultades; el espíritu del legislador debe ser proteger los derechos de los ciudadanos.
Injusta para ciudadanos
Como parte de su visita en este puerto, Francisco Gerardo Salcedo, presidente del Consejo Directivo de la Federación Estatal de Abogados (Fedabo), consideró que se generaría mayor irregularidad en la tenencia de la tierra, porque desalienta al particular por los altos costos económicos que se producirían.
Antonio Pacheco Ortiz, presidente de la Barra de Abogados de Ensenada, señaló que es una injusticia para las personas de escasos recursos, porque acudir ante el RPPC representa un ahorro de 5 a 10 mil pesos, ante los gastos que se requieren hacer ante un notario.
Guillermo Ibarra Armenta, presidente de la Asociación de Licenciados en Derecho Litigantes de Ensenada, atribuyó la iniciativa a intereses económicos del mandatario estatal a favor de los notarios, y no para los ciudadanos. Más que lograr certeza jurídica, generaría inseguridad.
Alejandro Reyes Pérez, secretario del Colegio de Abogados de Ensenada, consideró que la iniciativa sería un retroceso, hay temas más importantes. Es primordial para los ciudadanos tener la libertad de elegir el sistema de inscripción de los contratos, valiéndose de su capacidad económica.
lramirez@elvigia.net | Ensenada, B. C.
Presidentes de asociaciones, colegios y barras de abogados en Ensenada, se manifestaron en contra de la iniciativa de reforma que impediría la ratificación de los contratos privados de compra-venta de inmuebles, ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC).
Se trata del dictamen número 1, emitido el 3 de noviembre de 2016 por el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, con el cual pretende dar poder a los notarios públicos, para que únicamente ellos puedan celebrar ese tipo de trámites.
Agremiados que acudieron a El Vigía, coincidieron que esto representaría un perjuicio a la economía de las personas con menor poder adquisitivo, violentándose sus derechos, para beneficiar a los notarios, los cuales son elegidos por el mismo mandatario estatal.
El gobernador argumenta que mediante el contrato y la documentación anexada ante el Registro Público, no hay certeza jurídica entre los adquirientes, produciéndose litigios o procedimientos ante los tribunales. Se evaden impuestos y justifica que el arancel de notario no puede ser muy alto.
José Ángel Bustamante Arvizu, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, aseguró que esas premisas son subjetivas, porque el RPPC tiene fe pública, la cual sustenta con el análisis de los contratos y de ser válidos, procede a su inscripción.
Se exige el deslinde certificado de catastro, asimismo verifica que hayan sido cubiertos los impuestos federales, como el Impuesto Sobre la Renta , y el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, el cual también es corroborado por Recaudación de Rentas Municipal.
Buena voluntad
Por otra parte, el arancel sólo es una referencia, en caso de no ser costeable una escritura pública, el notario cobra más o lo justo, esto depende de su buena voluntad para sujetarse. Tampoco hay estadística que justifique los litigios por inseguridad jurídica.
"Queremos que no se cuestione el derecho inalienable de las personas, porque es privado, el gobierno no puede entrometerse en la voluntad de los particulares, porque sería restrictivo o caótico”, aseveró Salvador Jiménez Quezada, director jurídico de la Barra Interamericana de Derechos Humanos.
En representación del Colegio de Abogados Independientes, Héctor Moreno Neri manifestó que las instituciones públicas merecen respeto y no se les deben quitar sus facultades; el espíritu del legislador debe ser proteger los derechos de los ciudadanos.
Injusta para ciudadanos
Como parte de su visita en este puerto, Francisco Gerardo Salcedo, presidente del Consejo Directivo de la Federación Estatal de Abogados (Fedabo), consideró que se generaría mayor irregularidad en la tenencia de la tierra, porque desalienta al particular por los altos costos económicos que se producirían.
Antonio Pacheco Ortiz, presidente de la Barra de Abogados de Ensenada, señaló que es una injusticia para las personas de escasos recursos, porque acudir ante el RPPC representa un ahorro de 5 a 10 mil pesos, ante los gastos que se requieren hacer ante un notario.
Guillermo Ibarra Armenta, presidente de la Asociación de Licenciados en Derecho Litigantes de Ensenada, atribuyó la iniciativa a intereses económicos del mandatario estatal a favor de los notarios, y no para los ciudadanos. Más que lograr certeza jurídica, generaría inseguridad.
Alejandro Reyes Pérez, secretario del Colegio de Abogados de Ensenada, consideró que la iniciativa sería un retroceso, hay temas más importantes. Es primordial para los ciudadanos tener la libertad de elegir el sistema de inscripción de los contratos, valiéndose de su capacidad económica.
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