Piden no solapar en Procuraduría Agraria

Benjamín Pacheco/EL VIGÍA
bpacheco@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Integrantes del ejido Primo Tapia de Playas de Rosarito denunciaron que la Procuraduría Agraria está “solapando” las acciones del “seudocomisariado” para retrasar las audiencias en el Tribunal Agrario, ubicado en el puerto de Ensenada.

Los ejidatarios Eduardo Rendón Muñoz, Ignacio Peña Rosales y Antonio Molina Orozco hicieron llegar un escrito a El Vigía en el que afirman que Carlos Torres, quien se ostenta como presidente del ejido citado, incluso convoca a celebración de asambleas de formalidades especiales que al parecer no son válidas.

“Con las que pretende asignar lotes y terrenos a personas del ejido, vendiéndoles esperanzas que no podrá cumplir.

“Por otra parte, es un fraccionador irregular en Rosarito, que está utilizando el puesto para engañar a la gente que de buena fe acude a comprar lotes en ese lugar”, aseguraron en la misiva.

Acusan irregularidades
Recordaron que el pasado 27 de septiembre de 2017 celebraron una asamblea en el ejido Primo Tapia para renovar la Directiva ejidal, pero “estuvo plagada de violaciones a la ley agraria”.

Por este motivo, el Registro Agrario Nacional emitió “calificación registral negativa” respecto del acta de asamblea que pretendía validar al comisariado ejidal Carlos Torres.

Los afectados señalaron de inmediato las “irregularidades cometidas”, enfatizando el supuesto actuar de la dependencia federal.

“La Procuraduría Agraria está protegiendo y solapando al sedicente comisariado, a pesar del desconocimiento que oficialmente hizo el Registro Agrario Nacional de dichos directivos”, remarcaron.

Ellos también acudieron al Tribunal Agrario a demandar la nulidad de la mencionada asamblea, pero al enterarse Carlos Torres declaró públicamente -en un periódico de Rosarito- que “son demandas que pueden llevar hasta tres años, quizás se resuelva cuando yo ya no esté como presidente”.

Agregaron que en dicha publicación los “intimida” y “amenaza” conque, en caso de perder la demanda, “deberán responder por los gastos legales, el tiempo perdido, los proyectos truncados y otras pérdidas que ocasionen para el ejido, pues (…) fue promovida con el único afán de joder”.

Buscan burlas la justicia
Los denunciantes consideraron que los actos de Carlos Torres son para “burlar la acción de la justicia”, pues a pesar de que se les ha citado cuatro veces a comparecer al Tribunal Agrario, siempre se justifica para retrasar y diferir la audiencia, argumentando “no tener abogado”, además de otros pretextos.

“Este ejido, por estar inmerso en la zona urbana de Playas de Rosarito, en su mayoría, acude frecuentemente al tribunal Agrario con diversos motivos, haciéndolo siempre acompañado de abogados particulares, pero al asistir a la demanda de nulidad de la elección, lo ha hecho sin asesoría, pidiéndole al Tribunal le asigne un defensor de oficio.

“El miércoles de la semana que transcurre el ‘presidente ejidal Carlos Torres presentó contestación de demanda y contrademanda, anotando los nombres de sus abogados particulares, pero en su lugar acudió una defensora de oficio asignada por la Procuraduría Agraria, lo que resulta una incongruencia y abuso, porque los defensores deben ser solamente para los campesinos necesitados, pero sobre todo para quienes no cuentan con abogados particulares, como en el caso particular si ocurre”, expusieron.

En dichos documentos indicaron una serie de argumentos “evidentemente improcedentes”, hechos con la intención de dilatar y diferir el procedimiento legal.

“El Tribunal Agrario no se ha prestado a ese juego y les desechó la mitad de sus argucias, advirtiéndoles se sujeten estrictamente a la legalidad.

“Hacemos un llamado a la Sedatu y Procuraduría Agraria para que no se presten a juegos sucios con los abogados de oficio y sobre todo, hagan valer las resoluciones del registro Agrario Nacional, el cual ya calificó en sentido negativo la elección del ejido Primo Tapia”, aclararon.

Conforme a los datos, las violaciones que se cometieron en la celebración de la asamblea de elección, son las siguientes: no se sujetaron al orden del día, introduciendo puntos que no estaban contemplados, como la admisión de ejidatarios.

Después, votaron ocho personas que no eran ejidatarios; dos personas, entre otros Carlos Torres, habían ocupado puestos en la directiva anterior, estando con ello inhabilitados para participar, porque la Ley Agraria indica que se considera reelección.

Por último, no elaboraron el acta al terminar la asamblea, sino tres días después, lo que la ley lo prohíbe estrictamente.