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Sigue el país “en ruinas”

A un año del sismo en la CDMX, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero, la reconstrucción de viviendas es muy lenta y en otros casos, ni han comenzado
miércoles, 19 de septiembre de 2018 · 00:00

Ernesto Núñez/AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

A un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre, más del 80 por ciento de las personas que perdieron sus viviendas o sufrieron daños en ellas aún no terminan de recuperarlas. El Gobierno federal se ha dedicado a repartir tarjetas de Bansefi (monederos electrónicos) entre los damnificados, y no ha sido capaz de coordinar las labores de autoridades estatales y municipales, ni de canalizar la ayuda de la sociedad civil.

Éste es el diagnóstico de los funcionarios de la próxima administración federal, que el miércoles 19 de septiembre presentarán el Plan Nacional de Reconstrucción que echará a andar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Román Meyer, próximo secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y David Cervantes, próximo coordinador nacional de la reconstrucción, aseguran que el gobierno saliente no les ha entregado información definitiva y confiable sobre los daños y sobre el avance en las tareas de reconstrucción.

“Nos han empezado a dar información y hemos hecho por nuestra cuenta un muestreo y sondeos a partir de testimonios y trabajo de campo, y eso nos ha permitido aproximarnos a un panorama de lo que falta por hacer. Pero no tenemos, hay que decirlo, una información con la que podamos saber exactamente cuántas viviendas, cuántas escuelas, con qué daño... No hemos logrado llegar a ese grado de detalle”, comenta David Cervantes.

La última información oficial que la Sedatu dio a conocer data del 23 de julio, cuando la secretaria Rosario Robles dio un balance de la reconstrucción después de las elecciones.

Tarjetas entregadas
La funcionaria afirmó que se habían entregado 164 mil 521 tarjetas: 57 mil 624 a damnificados con pérdida total y 106 mil 897 para los que sufrieron daño parcial. A los de daño total se les otorgaron tarjetas con 120 mil pesos cada una, y a los de daño parcial se les depositó 15 mil pesos.

Para la autoridad, esto significa que ya atendió al 96 por ciento de las 171 mil 494 familias damnificadas: 59 mil 866 que sufrieron daño total en su vivienda y 111 mil 628 con daños parciales.

Según Robles, el Gobierno había depositado, hasta julio, 7 mil 881 millones de pesos en la cuenta de Bansefi, de los cuales ya se habían retirado 7 mil 387 millones de pesos.

“Es muy importante señalar que sólo el 4 por ciento del total de las tarjetas no se ha entregado, por diversos motivos, entre ellos la veda electoral que recién pasó”, ponderó entonces la funcionaria.

Robles aseguró que 43 mil 827 viviendas catalogadas con daño total ya registran “un grado” de reconstrucción, pero no detalló el avance.

Cifras ambiguas
Para los responsables de la reconstrucción en el próximo sexenio, estas cifras sólo demuestran que la Sedatu se limitó a repartir dinero a través de tarjetas, sin dar un seguimiento técnico a la construcción y reparación de las viviendas dañadas en las entidades afectadas por los sismos: Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero.

“El Gobierno federal determinó que su responsabilidad o que la forma de atender a las personas y familias que sufrieron daños en sus viviendas, llegó solamente hasta el reparto de las tarjetas. Por consiguiente, el conocer el avance físico es una cuestión bastante complicada”, explica David Cervantes.

“Rosario ha dado cifras y nosotros mismos nos sorprendimos cuando dijo que ya va más del 90 por ciento de avance, porque lo que hemos visto nosotros en campo no refleja eso. Después supimos por qué: porque el Gobierno mide el avance a partir de la entrega de las tarjetas, no en cuánto ha avanzado en la reconstrucción material”, añade.

Cervantes advierte que, al priorizar el reparto de tarjetas, la Sedatu pudo haber dejado en manos de los damnificados el proceso de construcción o reparación de sus viviendas, sin un seguimiento técnico puntual, lo que representa un grave riesgo para la seguridad de esas familias.

Además, el próximo equipo de la Sedatu ha detectado otros problemas en sus recorridos: los damnificados pueden estar construyendo en zonas de riesgo; pueden estar usando el dinero para atender otras necesidades básicas, pues se trata en su mayoría de población de escasos recursos o, simplemente, no fueron censados.

“No podemos dejar a la gente sola a que haga su reconstrucción, sin asesoría técnica y sin criterios de seguridad fijos para la zona de la que se trate. Es algo que también habrá que revisar, que lo que ya se hizo se haya hecho bien, cerciorarnos de que la gente está segura.

“Nuestro muestreo coincide en términos generales con una especie de sondeo que hizo la propia Sedatu, y podríamos decir que a estas alturas más del 80 por ciento de las familias afectadas no han concluido la reconstrucción o reparación de su vivienda. ¿En qué grado está el avance?, no sabemos, es a lo que tendríamos que dedicarnos los siguientes meses, pero de entrada eso ya te da una idea de que lo que falta es bastante”, comenta el arquitecto.

Ayuda que no ‘baja’
Román Meyer, próximo titular de la Sedatu, apunta otro problema en la “reconstrucción” que emprendió la administración de Enrique Peña Nieto: la incapacidad para canalizar los donativos de la sociedad civil.

Meyer anticipa que uno de los puntos prioritarios del nuevo plan de reconstrucción será que el Estado asuma realmente la responsabilidad del proceso, coordinando a dependencias federales, gobiernos estatales y municipales y facilitando la participación de empresarios y fundaciones.

“Que se den facilidades a asociaciones civiles que a veces no encuentran la manera de gestionar 100, 200 ó 300 viviendas, porque no tienen el visto bueno de las autoridades, aunque estén ahí los recursos... Es el caso de la Fundación Carlos Slim, que donó más de 2 mil millones de pesos que ahí siguen intactos, porque no se han podido ejecutar. Y ¿qué es lo que nos han dicho?, que no los han puesto en práctica porque no han encontrado los medios, el Estado no les ha dado las líneas de acción”, denuncia Meyer.

Meyer se refiere a la iniciativa 5 X 1 lanzada por Grupo Carso después del 19 de septiembre, mediante la cual la Fundación Carlos Slim se comprometió a quintuplicar los donativos hechos por la ciudadanía.

Hasta agosto de 2018, más de 217 mil personas habían donado diversas cantidades a la fundación Slim, reuniendo 412 millones 361 mil pesos. Al quintuplicarlos, la fundación aportó 2 mil 61 millones de pesos.

Sumando los intereses, se generó una bolsa de 2 mil 628 millones de pesos, pero según el último informe de la plataforma México Unido Sismos 2017, sólo se han podido canalizar 184 millones 982 mil pesos a acciones de reconstrucción.

De acuerdo con el reporte de la Fundación Slim, al 10 de agosto tenían un saldo acumulado de 2 mil 496 millones de pesos, que siguen generando intereses que ya igualan la cantidad que se ha podido ejercer en ayuda a los damnificados.

De los 184 millones ya egresados, 112 millones fue para la construcción y reparación de vivienda; 20 millones para rehabilitación de escuelas, 17 millones para patrimonio cultural, 14 millones para retiro de escombro y limpieza, 9.8 millones para hospitales y 5.8 millones para mercados.

A diferencia de los informes de la Sedatu, la fundación Slim especifica en su documento el nombre y ubicación de las 130 escuelas intervenidas; los 84 inmuebles de patrimonio histórico que fueron reparados en coordinación con el INBA y el INAH; los 20 centros de salud construidos, y sus acciones de reconstrucción de vivienda: 482 casas reparadas por daños menores, 82 casas nuevas y 340 en construcción.

Nuevo plan
Será hoy miércoles 19 cuando el próximo presidente haga público el nuevo Plan Nacional de Reconstrucción, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Según Román Meyer, el objetivo principal de este plan es retomar la obligación constitucional del Estado de garantizar la seguridad y bienestar de los mexicanos, una función que -según su diagnóstico- no se cumplió al atender la emergencia derivada de los sismos.

“Tenemos que lograr el seguimiento técnico en el proceso de reconstrucción; ninguno de los tres órdenes de gobierno tomó cartas en el asunto, no solamente la federación, sino prácticamente ningún gobierno estatal o municipal.

“Una de las principales funciones será que, a pesar de que ya haya pasado un año, el Estado termine de cumplir con sus obligaciones, y que vea que los recursos ya autorizados se lleven a buen fin, y se tenga un seguimiento técnico para que la gente pueda rehacer sus viviendas y recuperar sus medios de producción, como talleres, negocios, etcétera”, comenta Meyer.

David Cervantes añade que la próxima administración buscará que este Plan de Reconstrucción sea asumido por todos los Gobiernos estatales y municipales, por sociedad civil, la iniciativa privada y el Poder Legislativo.

“De manera que lo asumamos como Estado y se le dé prioridad en el 2019 desde el punto de vista de los Presupuestos, y que nos distribuyamos las tareas, las que le tocan a la federación y las que le tocan a Estados y municipios”, agrega.

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