Acusa AI impunidad en casos de tortura

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

La tortura cometida por fuerzas de seguridad queda prácticamente en la impunidad, pues a pesar de que sólo en 2014 la Procuraduría General de la República (PGR) recibió 2 mil 403 denuncias, desde 1991 sólo ha obtenido 15 sentencias condenatorias, advirtió Amnistía Internacional (AI).

Si eso ocurre con la tortura en general, en las agresiones sexuales hacia las mujeres el panorama es peor, pues el Ejército no ha sancionado a ninguno de sus elementos en los últimos 5 años y la Marina sólo ha suspendido a 3 e inhabilitado a 1 más temporalmente.

Los datos los incorpora AI en su informe "Sobrevivir a la muerte; tortura de mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México", que presenta hoy y que tiene como base entrevistas con 100 mujeres recluidas en penales federales, todas víctimas de tortura.

De ellas, 41 declararon que fueron semiasfixiadas con bolsas de plástico, 72 dijeron que fueron sometidas a violencia sexual, que contempla acciones como el manoseo de su cuerpo, y 33 denunciaron haber sido violadas durante su arresto.

"Aún así tenemos médicos legistas que ven cómo llegan las mujeres y no denuncian la tortura, tenemos una cultura de encubrimiento frente a estos tratos.

"Es lo más alarmante, que no se denuncia desde los servidores públicos que son testigos y que no se castiga", comentó Madeleine Penman, investigadora a cargo del informe.

Destacó que si bien la Marina participó apenas en 10 de estos 100 arrestos, su tasa de violación es muy elevada, pues 8 mujeres dijeron haber sido atacadas por sus elementos, cuando cuando las demás corporaciones son acusadas en la mitad de sus arrestos.

"No podemos seguir sosteniendo la hipótesis de que son algunas manzanas podridas, realmente con tasas de violencia sexual tan altas", agregó Penman.

Como parte de sus recomendaciones, Amnistía Internacional le pide a la PGR acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y publicar un registro de denuncias de ese delito, desglosadas por género, edad y nacionalidad.

Urge además al Congreso a publicar lo antes posible la Ley General Contra la Tortura, la cual según el plazo constitucional debió aprobarse desde enero pasado.

"Sobre el papel, México muestra un amplio compromiso de prevenir y castigar la tortura. Sin embargo, esto no se ha traducido aún en unas salvaguardias efectivas para proteger a las personas de la tortura y otros malos tratos", sentencia el informe.