Frena SNA exhorto sobre espionaje

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Los funcionarios federales que integran el Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazaron ayer emitir un exhorto al presidente Enrique Peña para que explique el caso de espionaje contra periodistas y activistas.
La propuesta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) fue que el caso fuera transparentado, pero los titulares de las distintas dependencias consideraron que el exhorto es improcedente porque el presunto ilícito no está catalogado dentro del ámbito de la corrupción.
El 21 de junio pasado, el CPC -integrado por cinco ciudadanos y presidido por Jacqueline Peschard-- envió una carta a cada uno de los integrantes del CC pidiéndoles que, en virtud de las facultades que les otorga la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se hiciera el llamado al Ejecutivo ante los hechos publicados en el New York Times.
"Con fundamento en el artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los suscritos integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) solicitamos al Comité Coordinador del SNA, del cual usted es integrante, emita un exhorto público dirigido al presidente de la República y a las dependencias que legalmente correspondan", dice cada una de las cartas.
En ella se pide que se transparenten los contratos de adquisición del software Pegasus, que fue con el que presuntamente se hizo el espionaje, que se justifique el marco legal de la compra y se publiquen versiones públicas de la información que la PGR, el Cisen y la Sedena obtuvieron.
Ayer, durante la discusión de la propuesta, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, dijo que la ley establece que el CC puede emitir exhortos referidos a temas de corrupción, pero que el espionaje denunciado por distintas organizaciones sociales es una conducta que el Código Penal tipifica como intervención de comunicaciones sin la autorización de un juez y no como un acto de corrupción.
Los hechos denunciados, sostuvo Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), no han sido probados, por lo tanto ni siquiera se tiene la certeza de que se haya cometido un ilícito.
Entre los integrantes del CC está la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien previamente se desempeñó como titular de la PGR, una de las dependencias que adquirió el software Pegasus.
La funcionaria votó en contra del exhorto, lo mismo que Pérez Daza, Chaurand, el titular del INAI, Francisco Javier Acuña y el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
La única que votó a favor fue Peschard, quien fue la que presentó la solicitud.
Explicó que para el CPC se pudo haber incurrido en un delito de corrupción, ya que se habría cometido un peculado al utilizar recursos públicos, en este caso el software, para un fin distinto al que justificó su compra, que fue el combate al crimen organizado, o el uso ilícito de atribuciones y facultades.