Faltan expertos

En México, sólo 7 por ciento de los contadores públicos forma parte de algún cuerpo colegiado, lo que representa un área de oportunidad importante para la educación profesional en materia antilavado, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

De acuerdo con el reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), existe un fuerte rezago en cuanto al conocimiento de las responsabilidades que enfrentan tanto contadores como abogados en materia de prevención y combate al lavado de dinero en México.

Silvia Matus de la Rosa, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP, explicó que actualmente existen en el país 350 mil contadores públicos certificados, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De ese total, sólo 25 mil forman parte de alguno de los colegios.

Sin embargo, explicó que esto se debe a que en México los contadores no están obligados a formar parte de un cuerpo colegiado que evalúe sus conocimientos y los mantenga en una preparación constante de los temas que surgen dentro de su ámbito laboral y profesional.

La especialista coincidió con las observaciones del GAFI en cuanto a que la obligatoriedad de formar parte de un cuerpo colegiado representa un control del ejercicio de la profesión en materia de prevención de lavado de dinero y genera estándares de ética.

“Al ser colegiados nos obligamos a la educación profesional continua, con un mínimo de horas requeridas de preparación en la materia”, afirmó.

Según indico el GAFI en su reporte, la propuesta para hacer obligatoria la membresía a algún cuerpo colegiado ha llegado al Senado pero no se ha discutido aún.

Matus de la Rosa agregó, que en materia antilavado, el IMCP ha impulsado e invertido en proyectos para educar a los profesionistas, entre los que destaca la certificación en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Sin embargo, reconoció que estos esfuerzos representan proyectos incipientes, con una Ley antilavado que tienen apenas 4 años de vida, por lo que los resultados de educar a los profesionistas podrían no verse reflejados aún en las evaluaciones del GAFI.

La especialista explicó que las observaciones del GAFI son preocupantes por lo que es necesario que los profesionistas busquen certificarse en la materia.

Fuente: Agencia Reforma