LA BUFADORA

Cuchillito de palo

Por El Mosquito
jueves, 1 de febrero de 2018 · 00:00

¿Cuántos de los que denuncian fraudes electorales alguna vez han sido funcionarios de casilla?

“Batean” a 171 aspirantes
La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI “bateó” las aspiraciones de 171 priistas que participaron en el pre-registro del pasado fin de semana para buscar candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el dictamen emitido, de los 71 militantes que se inscribieron en el proceso para pelear por un escaño en la Cámara alta (Senado), 11 obtuvieron un fallo “no procedente”.

Se trata dos aspirantes en Aguascalientes, uno en Michoacán, dos en Morelos, uno en Nayarit, uno en Querétaro, uno en Sonora y tres en Tabasco.

Destacan los casos de Sonora, donde la comisión dio marcha atrás al registro de Antonio Astiazarán, quien se apuntó para competir contra la fórmula de la diputada Sylvana Beltrones, hija del ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

También aparece como “no procedente” la solicitud de registro de Jesús Rodríguez Hernández, en Querétaro, quien entregó sus papeles para contender contra Ernesto Luque Hudson, político cercano al coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa.

Por otro lado, de los 454 registros para diputados federales, la comisión rechazó a 160 aspirantes.

Se trata de priistas que estaban interesados en distritos de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Y se rebelan
En al menos 18 estados del país, el PRI enfrenta la inconformidad de militantes con el proceso de selección de aspirantes a diputados federales y senadores.

La molestia se refleja con renuncias al partido, impugnaciones al proceso interno y expresiones públicas de rechazo a la manera en que han procesado las postulaciones.

En Guanajuato, la confrontación entre dos aspirantes al Senado, Bárbara Botello y Azul Etcheverry, subió de tono, por supuestas preferencias para beneficiar a la segunda.

Personal de Botello utilizó las redes sociales para lanzar insultos contra la otra diputada federal e incluso circuló la versión de que la ex alcaldesa de León estaría en pláticas con Morena.

En Querétaro, Jesús Rodríguez, ex dirigente estatal del tricolor, intentó inconformarse con el proceso interno, pero al llegar a la sede del partido la encontró cerrada.

En Sonora, el ex delegado de Sedesol, Antonio Astiazarán, denunció que el tricolor se negó a entregarle su constancia de pago de cuotas, en contraste con lo que ocurrió con sus contrincantes en la pelea por llegar a un escaño.

“Me preocupa que el PRI no tenga espacios para procesar las inquietudes. Yo seguiré hasta el final. No le tengamos miedo a la competencia, tengamos miedo a la incompetencia política”, dijo el sonorense, que va contra la fórmula que encabeza Sylvana Beltrones.

Mientras tanto, los ex diputados federales Samuel Gurrión, de Oaxaca, y Héctor Vela, de Durango, renunciaron a su militancia, molestos también con el proceso interno.

Acusando presiones y amenazas, Gerardo Vargas Landeros, ex secretario de gobierno de Sinaloa, renunció a 33 años de militancia en el PRI.

Derechos a minorías
Si en un eventual gobierno de coalición no se conceden derechos a las minorías parlamentarias, podría emerger una nueva mayoría hegemónica, advirtió el jurista Diego Valadés.

Valadés propuso reformar el artículo 93 constitucional para regular los derechos de las minorías parlamentarias.

“Se tiene que reformar el artículo 93 para regular los derechos de las minorías parlamentarias, de manera que pueda darse la práctica democrática -que es estándar en sistemas democráticos avanzados- de que las minorías puedan organizar comisiones de investigación para determinar lo que está haciendo la mayoría en el gobierno.

“El gobierno de coalición es un avance democrático, pero si no se organiza para que trabaje democráticamente podrá resultar contraproducente, porque puede significar una nueva forma de hegemonía mayoritaria”, alertó.

Especialista en derecho constitucional, Valadés explicó que el gobierno de coalición “consiste en construir una mayoría en el Congreso que apoye un programa de gobierno”.

“Si no se tienen derechos para las minorías que no formen parte de la coalición, entonces esa mayoría va a actuar de manera aplastante aprobando presupuestos, aprobando leyes e ignorando a una parte de la representación nacional”, indicó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Consideró que para evitar el fracaso de un eventual gobierno de coalición -como el que ha anunciado la alianza Por México al Frente- es menester reformar dicho artículo, “para conceder y establecer derechos específicos de las minorías”.
 

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