Cada vez peor

Asesinatos a plena luz del día, robo de cajeros automáticos en bancos ubicados en la zona centro y delitos del fuero común al alza desde hace dos años, impactan la vida cotidiana y el ánimo de los residentes de este municipio.

Y este será el escenario en el cual se desarrollarán las campañas políticas en Ensenada y en buena parte del país, así que el tema de la seguridad pública estará presente en la agenda, al grado que puede ser determinante para muchos ciudadanos cuando acudan a las urnas.

A pesar de la falta de infraestructura, el desabasto de agua y la deficiente prestación de servicios públicos como la recolección de basura, alumbrado público y reparación de vialidades, en el pasado reciente los ensenadenses se sentían tranquilos por residir en el municipio más seguro de Baja California, incluso se destacaba que esa condición formaba parte de la calidad de vida que tanto presumían los porteños, pero ahora ya ni eso.

Por lo tanto no será fácil para los candidatos a diputados federales y senadores su andar por las colonias, fraccionamientos de la ciudad y delegaciones municipales. El grado de exigencia social subirá de tono y es muy posible que observemos este tipo de escenas a través de las redes sociales. La gente está enojada y las promesas no disminuirán su malestar. A mayor confusión y desorden la incertidumbre y el miedo alimentan el hartazgo.

Lo más grave que puede ocurrir es resignarse y que abstencionismo y la apatía sean los reales ganadores el próximo 1 de julio.

Silencios cómplices
Por lo general se acusa a los periodistas y medios donde laboran de difundir información parcial, sesgada o tergiversada para favorecer a determinados intereses o dañar de manera dolosa la imagen de un personaje político, pero en estos tiempos de apertura y con plataformas digitales completamente abiertas, llama la atención que en Ensenada los militantes -sobre todo los más doctrinarios- del PAN, PRI y Morena, no se atrevan a realizar un pronunciamiento público para cuestionar el procedimiento (dedazos) que implementaron para designar a sus candidatos. Todos se disciplinaron, se quedaron calladitos, hombres y mujeres, tal vez contagiados por el pragmatismo, la simulación y el sueño de convertirse en funcionarios públicos a finales de año. No se vale entonces que filtren chismes y reclamen a los medios informativos que señalen lo que ellos aplauden.

“El Bronco” en la mira
El consejero electoral Benito Nacif advirtió que los funcionarios públicos que utilicen el erario para obtener firmas de apoyo para postularse como candidatos independiente cometen una grave violación a la ley.

Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Nacif exhortó a que se presenten denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el supuesto uso de los recursos de la Universidad Ciudadana (UC), creada por el gobierno de Jaime Rodríguez en Nuevo León, para conseguir apoyos en favor del ahora aspirante presidencial independiente.

El periódico Reforma dio a conocer que empleados de dicha institución educativa presionaron a maestros para que se registren ante el INE como auxiliares y recaben firmas de apoyo para “El Bronco”, con la promesa de que su esfuerzo sería “totalmente considerado”.

El consejero expuso que quienes denuncien pueden ofrecer como pruebas sus testimonios o las conversaciones de WhatsApp que evidencian las presiones para captar apoyos.

“La ley prohíbe el uso de recursos públicos con fines político-electorales. El artículo 134 (de la Constitución) es muy claro al respecto. Si se presenta la denuncia, el INE tiene que hacer la investigación”.

Aun cuando dijo que no puede hacer un juicio previo sobre este caso, advirtió que si el INE comprueba que un funcionario que pretenda una candidatura independiente ha hecho mal uso de los recursos públicos bajo su tutela, se le podría negar el registro.

“¿Qué sanción específicamente? Si ésta implica la negativa del registro como candidato independiente, eso tiene que venir acompañado de un estudio jurídico previo que tiene que formular en su momento la Unidad Técnica de lo Contencioso”, añadió.

Además de negar el registro, apuntó, el Instituto también puede imponer al aspirante independiente una multa económica o una amonestación.