DESDE EL VIGÍA
Lupa a compras
Por Editorial El Vigía
En los últimos seis años casi la mitad de los 2.3 billones de pesos del gasto público que hizo el Gobierno federal tuvo un alto riesgo de corrupción, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Tras analizar 700 mil contratos registrados en Compranet de 2012 a 2017, el Instituto encontró que la mitad se gastó sin competencia entre proveedores, con falta de transparencia en los procesos y otras anomalías diversas.
Estos factores, de acuerdo con la metodología implementada por el Instituto, permiten determinar el nivel de riesgo, pues la corrupción es propicia cuando no hay competencia y transparencia.
Por ejemplo, se detectó que algunas de las empresas a las que se les asignaron contratos carecían de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es decir, que no existen fiscalmente y por tanto no podían proveer de ningún bien o servicio al gobierno.
El estudio analizó las condiciones sobre las cuales se desarrollaron los procedimientos de adquisición y determinó el nivel de riesgo existente en cada dependencia o entidad y en sus unidades compradoras, que son las más expuestas.
Fue así que identificaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente como las entidades con mayores riesgos.
En el caso de la CFE, la cual tiene 91 unidades compradoras calificadas como de alto riesgo, ejerció un gasto de 424 mil 466.8 millones de pesos en el periodo analizado.
El estudio establece que el 71 por ciento de los recursos que gastó derivaron de procedimientos de contratación mediante adjudicación directa, es decir, en donde sólo hubo un proveedor y no se convocó a una licitación pública.
A pesar de que la adjudicación directa está prevista en la ley, explicó Max Kaiser, director Anticorrupción del IMCO, ésta debe ser la excepción y no la regla.
Recordó que al inicio de la actual administración, el Ejecutivo pretendía desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP) y permitió que los responsables de cada Secretaría o entidad pública designaran a sus propios contralores, lo que probablemente debilitó la fiscalización de los Órganos Internos de Control.
Fuente: Agencia Reforma
Tras analizar 700 mil contratos registrados en Compranet de 2012 a 2017, el Instituto encontró que la mitad se gastó sin competencia entre proveedores, con falta de transparencia en los procesos y otras anomalías diversas.
Estos factores, de acuerdo con la metodología implementada por el Instituto, permiten determinar el nivel de riesgo, pues la corrupción es propicia cuando no hay competencia y transparencia.
Por ejemplo, se detectó que algunas de las empresas a las que se les asignaron contratos carecían de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es decir, que no existen fiscalmente y por tanto no podían proveer de ningún bien o servicio al gobierno.
El estudio analizó las condiciones sobre las cuales se desarrollaron los procedimientos de adquisición y determinó el nivel de riesgo existente en cada dependencia o entidad y en sus unidades compradoras, que son las más expuestas.
Fue así que identificaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente como las entidades con mayores riesgos.
En el caso de la CFE, la cual tiene 91 unidades compradoras calificadas como de alto riesgo, ejerció un gasto de 424 mil 466.8 millones de pesos en el periodo analizado.
El estudio establece que el 71 por ciento de los recursos que gastó derivaron de procedimientos de contratación mediante adjudicación directa, es decir, en donde sólo hubo un proveedor y no se convocó a una licitación pública.
A pesar de que la adjudicación directa está prevista en la ley, explicó Max Kaiser, director Anticorrupción del IMCO, ésta debe ser la excepción y no la regla.
Recordó que al inicio de la actual administración, el Ejecutivo pretendía desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP) y permitió que los responsables de cada Secretaría o entidad pública designaran a sus propios contralores, lo que probablemente debilitó la fiscalización de los Órganos Internos de Control.
Fuente: Agencia Reforma
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