LA BUFADORA
BUFADORA
Por El Mosquito
Apenas el lunes pasado por la noche se anunciaba la anulación de las cinco notarías públicas que Francisco Vega de Lamadrid asignó de manera directa en los últimos días de su gestión como gobernador de Baja California, cuando ayer se daba a conocer desde temprana hora que se presentaría una denuncia contra el ex mandatario estatal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por su presunta responsabilidad en el desvío de mil 200 millones de pesos, trámite que llevó a cabo el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien calificó dicho peculado ante los medios de comunicación como “la estafa maestra zona 4”.
Así que todavía no se enfriaba el caso de las notarías, cuando el gobernador Jaime Bonilla Valdez declaraba a través de una matutina transmisión en vivo por redes sociales, que su administración interpondría una denuncia en contra Vega de Lamadrid y varios de sus principales colaboradores, entre ellos los ex secretarios de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez y Bladimiro Hernández, y la ex oficial mayor y actual diputada local, Loreto Quintero, más los ex directores de Normatividad y de Adquisiciones, Enrique Remigio Salcido y Rutilio Pérez Flores, respectivamente, por su presunta comisión de delitos como peculado, abuso de confianza y fraude.
Al respecto, el propio Bonilla Valdez precisó que incluso detectaron facturas apócrifas; además, confirmó que presentará una terna ante el Congreso del Estado, para que comience el proceso de nombramiento del nuevo Fiscal Anticorrupción.
Cabe señalar que después de la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General de Baja California, los reporteros le preguntaron a Rodríguez Lozano si estos mismos señalamientos los harían llegar a instancias federales, por la dimensión del supuesto ilícito.
Lo cierto es que muchos dudaron con justificada razón que el gobierno entrante en verdad se fuera con todo contra sus antecesores, porque los actos de corrupción que se denuncian de manera airada durante las campañas políticas no se formalizan cuando los ganadores de los comicios llegan al poder, y todo queda en simple ruido electorero, pero aquí la nueva administración estatal tiene 30 años de archivos y la mesa puesta para llevar al banquillo a los responsables de una serie de anomalías que tienen sumergida a la entidad en una crisis de agua y de seguridad. Ni modo que la federación no los ayude a respaldar las investigaciones. Llegar a la verdad, aplicar la ley y hacer justicia es, ahora sí, cuestión de voluntad política.
Responde Kiko
Y por medio de su ex vocero Raúl Reynoso, el ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, emitió el siguiente comunicado, bastante escueto, que fue reproducido por varios portales digitales ayer mismo.
“En relación a la denuncia presentada por el Secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, en contra de mi persona y de algunos funcionarios de la pasada administración estatal, me permito puntualizar lo siguiente: Analizo pormenorizadamente la denuncia y los motivos en que está fundamentada con el propósito de dar una respuesta acerca de los señalamientos que se imputan.
Estoy en TOTAL DISPOSICIÓN -como siempre lo he hecho- de responder y atender a las autoridades correspondientes, con el propósito de que se esclarezcan los hechos que se mencionan en la denuncia. De la misma manera, invito a los servidores públicos que se señalan, a que hagan lo propio.
Aprovecho la ocasión para reiterar lo que siempre he mencionado: que los actos del gobierno que tuve el honor de encabezar, fueron transparentes y apegados a la legalidad.
Mi interés personal, es que los ciudadanos conozcan la verdad de éste y cualquier tema, a fin de que cuenten con un juicio exacto de los hechos que se señalan”.
Respetuosamente,
Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
¿Y los órganos de control?
Luego de que trascienden acusaciones de desvíos multimillonarios en el gobierno, de que se realizan transacciones por medio de empresas fantasmas, de que se contratan a cientos de asesores-aviadores que cobran sin trabajar, la gente se pregunta para qué demonios sirven las costosas sindicaturas municipales, los órganos de fiscalización estatales y federales, las contralorías y demás dependencias que se supone deben vigilar el buen uso del erario y evidenciar y llevar ante los jueces a los funcionarios corruptos.
Es obvio que muchos fiscalizadores no han hecho su tarea en varias décadas, y más bien fueron cómplices. También ellos son culpables, por hacerse de la vista gorda… ¿verdad ex diputados?
Así que todavía no se enfriaba el caso de las notarías, cuando el gobernador Jaime Bonilla Valdez declaraba a través de una matutina transmisión en vivo por redes sociales, que su administración interpondría una denuncia en contra Vega de Lamadrid y varios de sus principales colaboradores, entre ellos los ex secretarios de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez y Bladimiro Hernández, y la ex oficial mayor y actual diputada local, Loreto Quintero, más los ex directores de Normatividad y de Adquisiciones, Enrique Remigio Salcido y Rutilio Pérez Flores, respectivamente, por su presunta comisión de delitos como peculado, abuso de confianza y fraude.
Al respecto, el propio Bonilla Valdez precisó que incluso detectaron facturas apócrifas; además, confirmó que presentará una terna ante el Congreso del Estado, para que comience el proceso de nombramiento del nuevo Fiscal Anticorrupción.
Cabe señalar que después de la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General de Baja California, los reporteros le preguntaron a Rodríguez Lozano si estos mismos señalamientos los harían llegar a instancias federales, por la dimensión del supuesto ilícito.
Lo cierto es que muchos dudaron con justificada razón que el gobierno entrante en verdad se fuera con todo contra sus antecesores, porque los actos de corrupción que se denuncian de manera airada durante las campañas políticas no se formalizan cuando los ganadores de los comicios llegan al poder, y todo queda en simple ruido electorero, pero aquí la nueva administración estatal tiene 30 años de archivos y la mesa puesta para llevar al banquillo a los responsables de una serie de anomalías que tienen sumergida a la entidad en una crisis de agua y de seguridad. Ni modo que la federación no los ayude a respaldar las investigaciones. Llegar a la verdad, aplicar la ley y hacer justicia es, ahora sí, cuestión de voluntad política.
Responde Kiko
Y por medio de su ex vocero Raúl Reynoso, el ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, emitió el siguiente comunicado, bastante escueto, que fue reproducido por varios portales digitales ayer mismo.
“En relación a la denuncia presentada por el Secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, en contra de mi persona y de algunos funcionarios de la pasada administración estatal, me permito puntualizar lo siguiente: Analizo pormenorizadamente la denuncia y los motivos en que está fundamentada con el propósito de dar una respuesta acerca de los señalamientos que se imputan.
Estoy en TOTAL DISPOSICIÓN -como siempre lo he hecho- de responder y atender a las autoridades correspondientes, con el propósito de que se esclarezcan los hechos que se mencionan en la denuncia. De la misma manera, invito a los servidores públicos que se señalan, a que hagan lo propio.
Aprovecho la ocasión para reiterar lo que siempre he mencionado: que los actos del gobierno que tuve el honor de encabezar, fueron transparentes y apegados a la legalidad.
Mi interés personal, es que los ciudadanos conozcan la verdad de éste y cualquier tema, a fin de que cuenten con un juicio exacto de los hechos que se señalan”.
Respetuosamente,
Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
¿Y los órganos de control?
Luego de que trascienden acusaciones de desvíos multimillonarios en el gobierno, de que se realizan transacciones por medio de empresas fantasmas, de que se contratan a cientos de asesores-aviadores que cobran sin trabajar, la gente se pregunta para qué demonios sirven las costosas sindicaturas municipales, los órganos de fiscalización estatales y federales, las contralorías y demás dependencias que se supone deben vigilar el buen uso del erario y evidenciar y llevar ante los jueces a los funcionarios corruptos.
Es obvio que muchos fiscalizadores no han hecho su tarea en varias décadas, y más bien fueron cómplices. También ellos son culpables, por hacerse de la vista gorda… ¿verdad ex diputados?
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