BUFADORA

Como se dice en el argot callejero, la nueva titular de la Secretaría de la Honestidad y de la Función Pública de Baja California, Vicenta Espinoza Martínez, le está cantando “un tiro” al gabinete central del gobernador Jaime Bonilla Valdez, y lo que más sorprende es la forma espectacular en que da a conocer asuntos que, a nuestro parecer, deberían manejarse con más frialdad, sigilo y sin tanto protagonismo, ya que se trata de temas hartamente delicados, pues se está hablando del pasado, el presente y el futuro de las personas en las que en primer instancia se ganaron la confianza del mandatario estatal desde antes y durante la campaña que lo llevó a quitarle al Partido Acción Nacional el poder que había conquistado hace más de 30 años.

Por otro lado, y en virtud de que se trata de asuntos tan serios como los hace notar en sus declaraciones a ciertos medios informativos la secretaria Espinoza Martínez, tal vez no debería mostrar todas sus cartas, con todo y la honestidad que pregona y debe distinguirla, toda vez que debería enfocarse en realizar una investigación más formal y apegada al procedimiento jurídico, respetando el principio general de derecho y los que establece el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el sentido de que nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario.

Esto viene a colación porque la funcionaria, además, está jugando con fuego al reconocer que, con base en denuncias anónimas, al mismo tiempo que abre carpetas de investigación, está dictando sentencias públicas sin dar oportunidad a los supuestos indiciados de una legítima defensa.

Dice, con claridad y transparencia, que habrá de presentar “pruebas contundentes” que no ha recibido, y esa es un arma de doble filo, pues mientras por un lado está avisando a los acusados de la situación que pudieran enfrentar, por otro se expone a que en un momento del proceso dichas pruebas no sean suficientes para indiciar a una persona, y entonces todo el discurso de honestidad se transforme en injusticia, con el descrédito para una de las nuevas dependencias que se perfila como un buen acierto de la nueva administración.

Por lo pronto, el propio gobernador de la entidad ya comenzó a dar muestras de incomodidad, al señalar en un medio electrónico de comunicación, que por tratarse de temas tan delicados no se deberían estar ventilando los nombres antes de tener todos los pelos de la burra en la mano, además de que le dio un espaldarazo a su secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, al señalar que no cree que haya incurrido en actos de corrupción, pero que es fundamental que las indagatorias sobre el caso de los “moches” se realicen con total seriedad y con apego a la ley.

Rechazan injerencia laboral
El Gobierno de México rechazó la intención de Estados Unidos de establecer, a través de una iniciativa legislativa y sin previo aviso, hasta cinco agregados laborales para que vigilen la reforma sobre el rubro.

Jesús Seade, subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que, además de innecesaria y redundante, esta figura pretendida por los estadounidenses tendría efectos en México.

“En términos generales, la legislación presentada en Estados Unidos, contempla los apartados habituales de este tipo de legislación. Sin embargo, adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país”, argumentó.

“Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración en EUA, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue. Y desde luego, no estamos de acuerdo.

“A diferencia del resto de las disposiciones que son claramente del ámbito interno de los Estados Unidos, la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro país y por lo tanto, debió haber sido consultada”, agregó el negociador del T-MEC por parte del Gobierno mexicano.

Además del posicionamiento ante el análisis que inicio ayer en el país vecino, con tono de sorpresa y preocupación Seade envió una carta al representante comercial de Estados Unidos, embajador Robert Lighthizer, con quien se reunirá mañana en aquel país.

“Nos reservamos el derecho de revisar los alcances y efectos de estas disposiciones, mismas que nuestro Gobierno y pueblo sin duda verán claramente como innecesarios. Asimismo, le anticipo que México evaluará no sólo las medidas planteadas en el texto al que hago referencia, sino el establecimiento de mecanismos recíprocos en defensa de los intereses de nuestro país”, advierte.