Desarrollo y fomento agropecuarios

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la materia agraria, establece que el Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional.

Tal imperativo obliga al ejecutivo federal y en alcance, a los otros dos niveles de gobierno, para que en el ámbito de sus atribuciones formulen y ejecuten políticas públicas que garanticen que los ejidatarios y comuneros hagan producir la tierra o generen negocios en tierras ejidales, de manera individual o aprovechando las diversas formas de organización contempladas en la propia ley agraria o bien que lo hagan en forma colectiva. Para ello es necesario que el microcrédito regrese al medio rural, pero sin los errores del pasado, que llevaron a la banca de desarrollo, propiedad del gobierno, al fracaso y extinción, así como a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, también propiedad del gobierno, todo ello por virtud de la corrupción institucionalizada.

Si bien la corrupción se propició y toleró desde el gobierno, los campesinos también participaron en estos actos delictivos y entre ambos, funcionarios y beneficiarios del crédito, acabaron con las instituciones financieras dedicadas al otorgamiento del microcrédito rural.

Restituir el micro financiamiento persé, de ninguna manera resolverá la problemática productiva del sector rural. Es necesario trabajar en dos vertientes paralelas, una que tenga que ver precisamente con el financiamiento y la otra con la planeación.

La primera debe contemplar el micro crédito sin aval, ni garantía hipotecaria de tierra privada, pero sí de parcelas ejidales, en el caso de los financiamientos individuales o garantía de tierras de uso común cuando la petición sea para el núcleo agrario; acompañando a esto, indefectiblemente debe formularse un proyecto de inversión, el cual no deberá estar a cargo del productor, sino del gobierno. Actualmente las instituciones piden el proyecto de inversión adjunto a la solicitud, sin embargo, ello es uno de los principales obstáculos de inicio en el trámite crediticio. La propia banca recomienda a los consultores que formulan dichos estudios, prestándose a corrupción. El gobierno debe crear despachos de consultoría que apoyen de manera gratuita en la formulación de proyectos de inversión a los solicitantes del microcrédito, con lo cual estarían en aptitud de recibir el financiamiento. Estos proyectos deberán atender los lineamientos de los estudios regionales, los cuales enseguida se describen. Para facilitar el otorgamiento del crédito, será necesario modificar la ley agraria para que las parcelas o fracciones de ellas, puedan servir de garantía en el otorgamiento del crédito, lo mismo para las tierras de uso común. Además, debe eliminarse como requisito el estatus en el buró de crédito, que tanto ha obstaculizado el otorgamiento de financiamiento a los campesinos.

La otra vertiente, la planeación, debe hacerse desde abajo, con la opinión de los propietarios de la tierra ejidal y comunal y de la pequeña propiedad (privada). Los estudios regionales serán de la mayor importancia en la formulación de la política de inversión gubernamental. Un amplio programa nacional de consulta y formulación de estudios regionales, será de gran utilidad al momento de planear las inversiones públicas que faciliten la ejecución y desarrollo de los micronegocios. En dichos estudios debe contemplarse el potencial y vocación productiva de cada parcela, tierra de uso común, zona y región de las tierras rurales.

Además de los promotores o extensionistas que participen en la captura de la información, el INEGI podría ser de gran apoyo en esta tarea, por el enorme acervo informativo que tiene; la celebración de asambleas ejidales con propósito de consulta, resultaría un instrumento indispensable en la formulación de los estudios regionales, los que deberían ser vinculantes para los programas de inversión de los tres niveles de gobierno. Servirían también para normar el criterio en el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento de recursos naturales, los que se expiden en las dependencias relacionadas con el sector rural.

*El autor es jurista especializado en derecho agrario y ambientalista.

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